Canarias logra el respaldo estatal al sistema de acogida de menores

Dieciocho meses después de que el Gobierno de Canarias declarara la emergencia social ante la presión migratoria, el Congreso de los Diputados ha convalidado el Decreto Ley 2/2025, una norma que, según expresó Fernando Clavijo, presidente del archipiélago, representa “un acto de justicia con Canarias”.

Durante ese periodo, el Ejecutivo autonómico, según indica un comunicado, incentivó una ofensiva firme ante el Estado y la Unión Europea, con el propósito de articular una respuesta nacional coordinada.

Esta estrategia, ahora consolidada, contempla la consecución medidas como la petición de un mando único para mejorar la eficiencia operativa, la ampliación hasta los 100 millones de euros de las partidas estatales dirigidas a Canarias, y la colaboración estable con el tercer sector para mantener una red de acogida que ha llegado a albergar cerca de 6.000 menores.

Por otra parte, la acción diplomática del Gobierno canario se extendió hasta Bruselas, donde se consiguió un paquete de actuaciones excepcionales respaldadas por la presión institucional ejercida desde las islas y proyectos de cooperación como ‘Tierra Firme’, ya implantado en Senegal y Mauritania.

Del mismo modo, el presidente afirmó que “la ley se cumplirá” y advirtió que, frente a cualquier intento de paralizar su ejecución mediante recursos de inconstitucionalidad, el Ejecutivo regional defenderá el decreto en los tribunales para garantizar los derechos de los niños y niñas afectados.