"El decreto beneficia a una parte del grupo de SBT que prometió resolver el problema al llegar al poder"

El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, ha criticado el decreto ley aprobado por el Gobierno de Canarias el pasado 8 de abril que suspende durante tres años las sanciones a residentes en suelos de uso turístico. A su juicio, el decreto, si beneficia a alguien, sería solo a una parte del grupo político que gobierna en San Bartolomé de Tirajana, la cual había prometido resolver este problema cuando asumiera el poder.

Sin embargo “llevan dos años gobernando y todo sigue igual". Por tanto, "este decreto ley solo va a servir para llegar a las elecciones de 2027 con menos ruido, pero sin solucionar el problema que tienen”, afirmó el consejero. Para Álamo, el grupo de gobierno conformado por PPAV y Coalición Canaria, ha fallado a los ciudadanos que los eligieron, ya que prometieron resolver la situación, pero hasta el momento no han tomado medidas efectivas.

“Llevan dos años gobernando y todo sigue igual. Este decreto ley solo va a servir para llegar a las elecciones de 2027 con menos ruido, pero sin solucionar el problema que tienen”. Álamo se refiere a la creciente problemática de la residencialización en zonas turísticas como las que existen en el municipio, donde miles de personas viven en complejos con licencias únicamente turísticas y están expuestas a sanciones.

Según el consejero, el planteamiento del decreto es erróneo desde su origen, ya que se apoya en una disposición transitoria de la ley vacacional que genera “inseguridad jurídica” entre los afectados. Además, lamenta que el Gobierno de Canarias rechazara una iniciativa legislativa promovida por los propios residentes, que recogía más de 23.000 firmas y fue descartada sin llegar siquiera a debatirse en el Parlamento.

“Se equivocan en el fondo y en la forma. No han querido sentarse a discutir la propuesta ciudadana en el Parlamento y, en su lugar, aprueban un decreto por su cuenta”, reprochó Álamo. Además, advierte que la falta de consenso es otro de los grandes problemas del decreto, ya que, según dijo, se aprobará solo con los votos del grupo de gobierno, mientras la oposición política y los propios afectados están en contra.

“Esto es simplemente un gesto político. Lo dejan todo igual, solo para llegar a las próximas elecciones sin que se les oiga tanto, pero con el problema intacto”, concluyó.