El Gobierno ha impugnado el auto del Tribunal Supremo que le exige incorporar a más de un millar de menores migrantes no acompañados, solicitantes de asilo, en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional.
A este respecto, la Abogacía del Estado sostiene que la obligación de prestar atención a estos niños y adolescentes recae exclusivamente en la comunidad autónoma de Canarias, incluso cuando han presentado o manifestado su voluntad de iniciar una solicitud de protección internacional.
No obstante, el pasado 26 de marzo, el Tribunal Supremo dictó una medida cautelar que instaba al Ejecutivo a asegurar, en un plazo de diez días, la acogida de dichos menores.
Dicho tribunal calificó su situación como "insostenible", dado que permanecen bajo la protección exclusiva del sistema autonómico, sin acceso a los servicios ni a los programas del Estado previstos para quienes solicitan asilo.
Por ello en dicha resolución, los magistrados remarcaron que estos menores poseen pleno derecho a integrarse en el sistema estatal y destacaron la urgencia de aplicar esta medida provisional, y por lo tanto, la Administración Central no puede excluir del sistema de acogida a una población tan vulnerable.







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