Vecinos del Castillo fijan condiciones para reunirse con la SIEP

Darias: “Hay una voluntad decidida” de continuar las obras de la cárcel CC-GC teme que la cárcel sea para inmigrantes y critica la cesión de terrenos del Gobierno Tres heridos en una concentración contra la cárcel de Juan Grande

El Consejo de Vecinos de Castillo del Romeral ha puesto como condición para reunirse con el director de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), Juan José Azcona, la presencia de los vecinos y medios de comunicación. La Alcaldía de San Bartolomé de Tirajana comunicó esta mañana al consejo la reunión prevista entre dos portavoces del colectivo; la alcaldesa, María del Pino Torres, y el director general del SIEP. El Consejo expresó que es la primera vez que el Ayuntamiento y la SIEP se ponen en contacto con ellos para ofrecerles explicaciones sobre el centro, a pesar de todos los hechos e incidentes ocurridos. Sin embargo, piden "luz y taquígrafos" en esta reunión y que la misma se desarrolle en el Castillo del Romeral, con todos los vecinos y los medios de comunicación, "puesto que hasta ahora los representantes de la SIEP y la Delegación del Gobierno se han negado a debatir con los vecinos". La convocatoria coincide con una nueva paralización de las obras que se llevó a cabo este mediodía por parte de los vecinos sin que los agentes del Cuerpo Nacional de la Policía opusieran resistencia y abandonaran al poco tiempo la zona. Por otra parte, los seis vecinos acusados de coacciones a la empresa Hermanos Tito, encargada de ejecutar las obras de vallado de la parcela, fueron absueltos hoy tras celebrarse el juicio en el Juzgado Número Cuatro de San Bartolomé de Tirajana. "Una vez más, el Consejo de Vecinos, ha ganado otra batalla legal, esto reafirma nuestra convicción que estamos haciendo lo justo y que la justicia está de nuestro lado", indicó un portavoz vecinal. Asimismo, en la asamblea celebrada la pasada noche, se acordó pedir la dimisión del grupo de Gobierno de San Bartolomé de Tirajana tras haber demostrado que no apoya la lucha vecinal contra la imposición de la "macrocárcel", cuando debiera ser la alcaldesa y su grupo los primeros que debieran estar al frente. Los afectados reclaman del Ayuntamiento que utilice los medios administrativos de los que dispone para precintar las obras y que les apoye en sus reivindicaciones, sobre todo en los incidentes ocurridos estos días en los que ningún concejal del grupo de gobierno ha mostrado su solidaridad. Al mismo tiempo, piden la dimisión de la delegada del Gobierno en Canarias, Carolina Darias, "porque en vez de imponer la legalidad parando las obras ha hecho todo lo contrario enviando a la policía para intimidar a los vecinos". El partido Los Verdes se sumó hoy a la petición de dimisión de Darias y del jefe de los dispositivos policiales responsables de causar tres heridos en "una brutal actuación contra los vecinos que se oponen pacíficamente a la construcción de una macrocárcel en Gran Canaria". Rafael Rodríguez, portavoz del colectivo, ha calificado de "colonial" la actitud de Darias "al intentar imponer por el uso de la fuerza una macrocárcel ilegal, ya que los promotores no son dueños de los terrenos, carecen de Plan Territorial y de los permisos pertinentes de obra". El partido ecologista ha sufrido "en carne propia" la actuación policial al resultar agredido José Carlos Suárez, militante de la formación política y portavoz del Concejo Vecinal.