La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado un informe crítico sobre el Proyecto de Ley de Vivienda Vacacional, redactado por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, que actualmente se tramita en el Parlamento por la vía de urgencia.
Según el organismo, las restricciones incluidas en la norma reducirán drásticamente la presencia de viviendas vacacionales en Canarias, lo que impactaría en la competencia dentro del sector turístico. Además, la CNMC advierte que los pequeños propietarios serán los más perjudicados, ya que muchas viviendas quedarán fuera del mercado, favoreciendo la concentración del negocio en manos de empresas y grandes operadores.
El informe también cuestiona la proporcionalidad de ciertas disposiciones, como la reserva del 90%-10% de uso residencial, la cual debería establecerse según criterios municipales. Asimismo, menciona que la norma contradice el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que exige que cualquier restricción a esta actividad sea clara, objetiva y debidamente justificada.
Por otro lado, la CNMC considera que varias medidas desvirtúan la esencia de la vivienda vacacional, entre ellas la exigencia de una antigüedad mínima de diez años para su uso turístico, la prohibición de operar en asentamientos agrícolas, la limitación de la capacidad alojativa o la polémica imposibilidad de transmitir la vivienda en caso de fallecimiento del propietario.
En respuesta al informe, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) ha señalado que todo esto busca eliminar en un corto período la oferta existente y, al mismo tiempo, privar al 90% de los pequeños propietarios de sus viviendas vacacionales, impidiéndoles subsistir gracias al turismo y dejando el beneficio del sector en manos de unos pocos.
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