Marichal agradece a Clavijo su mediación en la suspensión de sanciones a residentes en suelo turístico

El primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana y líder de Coalición Canaria en el municipio, Alejandro Marichal, ha expresado su agradecimiento al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, por su mediación en la aprobación de la suspensión definitiva de los procedimientos sancionadores a los residentes en suelo turístico. Esta medida forma parte del Decreto Ley de medidas urgentes aprobado por el Consejo de Gobierno y modifica la Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística de Canarias.

Marichal destacó que, además de suspender las sanciones, la nueva normativa elimina el régimen de sustitución, que permitía a la Administración intervenir en los establecimientos turísticos que no cumplían su uso. La norma introduce importantes cambios, como la regularización del uso residencial en parcelas turísticas preexistentes antes de 2017, la suspensión de sanciones por incumplir el uso turístico durante hasta tres años y la flexibilización en la planificación municipal, que permitirá a los ayuntamientos adaptar sus normativas a la realidad de cada municipio.

El edil subrayó que estos avances son el resultado de años de lucha para consolidar el uso residencial en suelo turístico y defender el derecho a la vivienda de miles de canarios. “Siempre hemos defendido que la normativa turística debe adaptarse a la realidad del Archipiélago. No tiene sentido seguir penalizando a propietarios de viviendas que llevan décadas en estas zonas”, afirmó Marichal.

No obstante, Marichal advirtió que aún queda trabajo por hacer. “El siguiente paso debe ser la derogación total de la Ley 2/2013, una normativa obsoleta y perjudicial para la gestión del suelo en Canarias”, añadió. Según el líder de Coalición Canaria, esta ley ha generado inseguridad jurídica, conflictos innecesarios y ha limitado la capacidad de los ayuntamientos para gestionar su propio urbanismo.

Marichal también destacó que su grupo continúa con la estrategia de modificar el Plan General de Ordenación Urbana para dejar claro que el uso residencial y de segunda residencia es compatible con el uso turístico. “Este decreto soluciona parte del problema, pero la Ley 2/2013 sigue siendo una barrera para el desarrollo equilibrado de nuestro territorio”, concluyó.