El Gobierno de Canarias ha aprobado la modificación de su estructura administrativa para poner en marcha las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, un servicio previsto en un decreto de 2019.
Las oficinas ofrecerán apoyo psicológico, social y técnico a las personas que hayan sido víctimas de delitos. Para su funcionamiento, habrán ocho nuevos puestos de trabajo en la administración pública, con cuatro profesionales en cada una de las oficinas provinciales. Cada equipo estará formado por un psicólogo, un trabajador social, un técnico y un jefe de negociado.
La medida, impulsada por la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, fue tramitada de urgencia y ha contado con el visto bueno de los departamentos de Planificación y Presupuesto y de Función Pública.
El Gobierno canario considera que esta reestructuración es necesaria para cumplir con la normativa vigente y garantizar una mejor atención a las víctimas en el archipiélago.
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