Todas las comunidades autónomas han prohibido el uso del teléfono móvil en los centros educativos, una medida que, según diversas consejerías de Educación, ha mejorado la convivencia escolar y reducido los casos de ciberacoso, aunque aún no hay datos cuantitativos sobre su impacto.
Tras la recomendación del Ministerio de Educación y del Consejo Escolar del Estado hace un año, las autonomías que no lo habían regulado han aprobado normativas para restringir su uso en las aulas y durante la jornada escolar.
La mayoría de las comunidades han vetado completamente el móvil en Infantil y Primaria. En Secundaria, algunas han impuesto una prohibición total, mientras que otras permiten su uso solo con fines educativos y bajo supervisión docente.
En Canarias, el veto entró en vigor en febrero de 2024 en centros públicos y recreos, mientras que los concertados y privados tienen autonomía para aplicarlo. La Consejería de Educación prevé una encuesta para evaluar sus efectos.
Andalucía, la Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y Baleares han optado por otorgar autonomía a los centros para que regulen la medida según sus planes digitales y de convivencia.
La prohibición se ha implantado principalmente entre enero y febrero de 2024, aunque algunas comunidades, como Castilla y León, la aplican desde 2007, Castilla-La Mancha desde 2014 y Galicia desde 2015.
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