La consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, junto al viceconsejero para la Recuperación Económica y Social de La Palma, Pedro Afonso, se reunió en Madrid con el Comisionado Héctor Izquierdo para exigir la transferencia inmediata de los 100 millones anuales comprometidos por el Gobierno de España.
Hasta la fecha, solo se ha recibido la cuantía correspondiente a 2023, utilizada para indemnizar a los afectados el año pasado. Sin embargo, la partida de 2024 sigue pendiente, lo que impide continuar con los pagos y cubrir la compensación de las fincas agrícolas.
Barreto explicó que el Gobierno de Canarias ya ha ejecutado desde enero los 50 millones previstos para este año, destinados a la restitución de primeras viviendas.
No obstante, sin la aportación estatal, las indemnizaciones por terrenos agrícolas no pueden materializarse, a pesar de que los expedientes ya están listos para su notificación. La falta de fondos está frenando la reconstrucción del sector primario, dejando en espera a quienes cuentan con licencias para recuperar sus explotaciones.
Además, la consejera instó al Comisionado a presionar al Ministerio de Hacienda para desbloquear tanto estos fondos como la aplicación de la deducción del 60% del IRPF, paralizada desde enero. Ambas medidas forman parte de los presupuestos prorrogados del Estado y de los acuerdos de la Agenda Canaria, por lo que su activación solo requiere una orden o un decreto.
El compromiso estatal de aportar 100 millones anuales durante cuatro ejercicios, sumado a los 50 millones que también destinará el Gobierno autonómico en el mismo periodo, busca resarcir los 600 millones en pérdidas de patrimonio privado ocasionados por la erupción.
La estrategia contempla, en primer lugar, la restitución de viviendas principales y, posteriormente, la compensación por fincas, segundas residencias y comercios.









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