ASCAV pide el archivo proyecto de vivienda en Canarias por supuestas "irregularidades"

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea sobre el anteproyecto de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda. En él, asegura que esta normativa no busca el consenso, sino un clima de enfrentamiento en distintos sectores.

El 68% de los 5.083 ciudadanos consultados en una consulta pública se mostró en contra del anteproyecto, según recoge el Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias. A esta oposición se suman también entidades, las asociaciones inmobiliarias, el Colegio de Administradores de Fincas y la Confederación Canaria de Empresarios, entre otras.

Según recoge un informe del Colegio de Economistas de Las Palmas, el 89% de las viviendas vacacionales (VV) en Canarias están gestionadas por pequeños propietarios, y el 64% de estas se concentran en los 14 municipios turísticos. A pesar de que las VV en otros municipios representan una proporción pequeña, ASCAV destaca que la ley afectará principalmente a los pequeños propietarios.

El mismo informe también subraya que el alquiler vacacional aporta el 3% del PIB regional y genera un mayor gasto turístico fuera del alojamiento en comparación con los hoteles. Desde el anuncio del anteproyecto, se han registrado más de 15.000 nuevas altas de VV, fenómeno que ASCAV denomina "efecto llamada".

La asociación denuncia presuntas irregularidades, entre ellas la afirmación de la Consejería de Turismo de que la ley no tendría impacto económico, lo cual fue desmentido por la propia Consejería de Hacienda. Además, recuerdan que la normativa no cumple con la Directiva Bolkestein de la Unión Europea, ya que no ha sido notificada a la Comisión Europea.

ASCAV considera que el objetivo de la ley es eliminar las VV en Canarias y solicita su archivo inmediato. También, pide la suspensión temporal de nuevas altas de VV para evitar el "efecto llamada" y que se inicie un proceso de consenso real entre todos los sectores afectados.

La asociación insta al Gobierno de Canarias a reconsiderar el marco normativo, ya que el impacto económico positivo de las VV, que según la Consejería de Turismo, genera más de 1.700 millones de euros y beneficia a numerosos sectores vinculados al turismo.