La Comisión Europea ha admitido a trámite una denuncia presentada por la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) contra el Gobierno de Canarias por presunta infracción de la normativa comunitaria en la tramitación de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda.
ASCAV sostiene que el Ejecutivo autonómico ha incumplido el artículo 15.7 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que exige a los Estados miembros notificar a la Comisión cualquier normativa que imponga restricciones a la libre prestación de servicios, requisito que consideran vulnerado en la regulación proyectada para las viviendas vacacionales en Canarias.
En este contexto, la consejería de Hacienda y Relaciones con la UE del propio Gobierno de Canarias advirtió sobre la omisión de esta notificación durante la fase de elaboración del Anteproyecto de Ley.
No obstante, la consejería de Turismo desoyó esta advertencia y desatendío su obligación esencial en el ámbito normativo europeo, indica un comunicado.
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