La ley de Modernización Turística despoja a una vecina de Mogán de su hogar

La Plataforma de Afectados por la Ley Turística ha denunciado la situación de una vecina de Mogán que, según afirman, ha sido "expulsada" de su vivienda por el Gobierno de Canarias debido a no destinarla al régimen de explotación turística.

En un comunicado, explican que dicho inmueble, adquirido en el año 2006 y registrado como segunda residencia, habia operado durante todos estos años amparado por las Normas Subsidiarias, cumpliendo con la legalidad vigente en todo momento.

No obstante, la asociación acusa a la consejera de Turismo, Jessica de León Verdugo, a la cual "se le reconoce más en los hechos que en las palabras", de modificar unilateralmente, sin autorización de la titular y en virtud de la Ley de Modernización Turística, el régimen jurídico del apartamento a turístico.

Este cambio, según la mentada ley, obliga a la propietaria a destinar el inmueble a explotación turística sin su consentimiento, lo que representa una evidente vulneración de los derechos adquiridos de la propietaria y constituye una deriva alarmante de la jurisprudencia.

Del mismo modo, manifiestan que la medida atenta de manera flagrante contra la libertad de disposición del bien, obligándola a participar de un negocio contra su voluntad por las arbitrariedades de una normativa deficiente.

En otro orden de asuntos, la plataforma critica que la consejera haya ignorado antecedentes legales claros, como la sentencia del 8 de marzo de 2016 de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que establece: "No existe obligación legal para la Comunidad de Propietarios ni para los titulares de realizar la explotación turística del complejo o de ceder sus derechos a terceros sin expropiación".

Además, "tampoco le ha importado", subrayan, "que el uso esté consolidado por haber sido siempre legítimo, o por ser anterior al 1 de enero de 2017".

En conclusión, la asociación advierte que, bajo los criterios de De León, "todos los dueños de apartamentos y bungalows de toda Canarias deben entregar las llaves a un explotador" y, por consiguiente, perderan su facultad de hacer uso "de lo que legítimamente les pertenece".