El Congreso de los Diputados ha aprobado una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permitirá celebrar juicios rápidos en un plazo máximo de 15 días para delitos de allanamiento de morada y usurpación.
La enmienda ha sido impulsada por el PNV y apoyada por partidos como el PP, Junts, UPN y Coalición Canaria, para agilizar procesos que hasta ahora podían extenderse durante meses o años.
La principal novedad es la eliminación de factores dilatorios, como la vulnerabilidad económica o la presencia de menores, que ya no serán considerados inicialmente en estos casos. Sin embargo, las necesidades de los menores seguirán siendo atendidas por los servicios sociales de forma independiente al procedimiento judicial.
La medida pretende reducir las lagunas legales que los okupas utilizaban para alargar su permanencia en las propiedades y dar mayor protección a los propietarios. Aún así, persisten retos como la lentitud estructural del sistema judicial y la falta de soluciones específicas para casos de inquiokupación.
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