La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) ha recurrido, ante el Tribunal Supremo, el Real Decreto 1312/2024, que establece el "Registro Único de Arrendamientos" y la "Ventanilla Única Digital" para la gestión de datos relacionados con alquileres de corta duración.
La normativa, en vigor desde el pasado 2 de enero, exige que todas las viviendas turísticas y otros arrendamientos temporales se inscriban en un sistema centralizado bajo la supervisión del Ministerio de Vivienda, a través de los registros de la propiedad.
ASCAV, en un comunicado, sostiene que esta disposición infringe el Reglamento 2024/1028 de la Unión Europea, que prohíbe la duplicidad de registros, puesto que los alojamientos turísticos ya figuran en los registros autonómicos. Por lo tanto, imponer una nueva inscripción a nivel estatal contradice la normativa europea, con prioridad sobre las leyes nacionales.
La asociación afirma que el decreto vulnera la Constitución Española, al otorgar al Gobierno central competencias que corresponden exclusivamente a las comunidades autónomas en materia de regulación de alojamientos turísticos. Además, delegar la verificación de estas viviendas en los registradores de la propiedad, dependientes del Ministerio de Justicia, supone una invasión de competencias autonómicas, lo que genera un conflicto jurídico.
Por todo lo expuesto, y a causa del perjuicio que esta norma podría ocasionar al sector de viviendas turísticas, ASCAV ha solicitado la suspensión cautelar del decreto mientras se resuelve el procedimiento judicial y, del mismo modo, ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Europea por incumplimiento de la normativa comunitaria.







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