El Proyecto de Ley de Vivienda Vacacional impulsado por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias llegará al Parlamento tras haber sido modificado para solventar los reparos del Consejo Consultivo y acoger propuestas de la Federación Canaria de Municipios (FECAM).
Sin embargo, la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV) denuncia que no se han tomado en cuenta las más de 5.000 alegaciones ciudadanas, de las cuales el 67% expresaron oposición a la nueva Ley.
En un comunicado, acusan a la Consejería de "dar la espalda" al colectivo que representa a miles de familias y empresas que dependen del alquiler vacacional en las islas. La asociación critica que no se le haya notificado el texto final y ha solicitado acceso al mismo a través del Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias.
ASCAV advierte que la aprobación de una ley que no contemple las particularidades de este sector podría tener consecuencias graves para la economía y la sociedad canaria. Según sus estimaciones, la actividad genera más de 1.700 millones de euros anuales y emplea directamente a miles de personas. Además, sostiene que medidas restrictivas podrían obligar a muchas familias a vender sus viviendas a inversores extranjeros, lo que resultaría en la pérdida de puestos de trabajo y un encarecimiento del turismo.
En cuanto al problema de acceso a la vivienda residencial, uno de los motivos esgrimidos para regular el sector, ASCAV asegura que una encuesta interna revela que menos del 10 % de los propietarios de viviendas vacacionales estarían dispuestos a ofrecer alquileres residenciales debido a la falta de seguridad jurídica.
El colectivo también denuncia que una política que limite la oferta vacacional beneficiará principalmente a la patronal hotelera, con un modelo turístico "excluyente y elitista". "Viajará quien pueda pagarlo, y sin duda, no será la mayoría de la sociedad canaria", advierten.
Aunque la asociación no ha recibido el texto de forma oficial, espera obtenerlo a través de los grupos parlamentarios, tal como ha ocurrido en anteriores legislaturas. También recalcan que la regulación del alquiler vacacional es un tema clave que afecta a miles de familias y que su exclusión del debate "contradice el espíritu de democratización del turismo en Canarias".
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