Mogán presenta la primera tasa municipal en España que grava el turismo para financiar la sostenibilidad del destino

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, anunció este jueves la creación de la Tasa por Prestación de Servicios y Actividades derivadas de la Acción Turística y la Obligación de Sostenibilidad (TATOS), que se someterá a aprobación en el Pleno municipal el próximo 12 de diciembre. Si se aprueba, esta tasa, pionera en España, comenzará a aplicarse en enero de 2025.

A diferencia de los impuestos autonómicos que gravan la pernoctación turística en Baleares y Cataluña, TATOS es una tasa de carácter finalista, regulada por la Ley de Haciendas Locales. Su recaudación, según explicó Bueno, se destinará exclusivamente a financiar actividades, servicios e infraestructuras de las zonas turísticas y la promoción del destino, para evitar que los residentes asuman toda la presión fiscal.

La tasa comenzará con una cuota de 15 céntimos por persona y día, y recaerá sobre los turistas hospedados en el municipio. Los propietarios de establecimientos turísticos serán responsables de liquidarla por semestre.

Una medida para paliar el déficit turístico

La alcaldesa subrayó que el turismo representa el 44,75 % de la población total del municipio, pero sus beneficios económicos no se reflejan en la financiación local. Mogán, que en 2023 registró un impacto económico de 20 millones de euros derivado del turismo, sufre un déficit presupuestario que, según Bueno, obliga a la administración local a "buscar fórmulas" para cubrir los costes de servicios y mejorar la competitividad del destino.

La tasa, calculada en función de los costes no financiados y la ocupación media anual, podría fluctuar en función de las necesidades presupuestarias futuras. Por ejemplo, un proyecto de renovación turística valorado en 20 millones de euros podría incrementar la tasa a 1,14 euros por persona y día en 2026.

Bueno destacó que “no damos la espalda al turismo, lo abrazamos con servicios de calidad”. Aseguró que la medida no implica abandonar la lucha por un reconocimiento legal que permita a los municipios turísticos contar con una financiación acorde a sus especificidades.