La Plataforma de Afectados por la Carretera de la Costa exige que las indemnizaciones tras el volcán no discriminen entre afectados, reclamando al Gobierno estatal un trato igualitario con los expropiados por esta obra pública. Solicitan que el justiprecio aplicado sea similar al de los afectados por la erupción, mientras lamentan el “desinterés” de algunos responsables públicos y colectivos agrarios hacia su situación.
El Gobierno estatal ha citado para los días 1, 2 y 3 de octubre en el Ayuntamiento de Tazacorte a los afectados por la Carretera de la Costa, con la intención de negociar las expropiaciones de sus fincas.
Ante la cercanía de estas fechas, la plataforma muestra su preocupación por la falta de soluciones claras, ya que este año no se ha producido ninguna comunicación pública que alivie las incertidumbres de los vecinos.
La plataforma considera justo que si el Gobierno de Canarias se compromete a indemnizar con 44€ por metro cuadrado de superficie agrícola dañada por el volcán y respeta la propiedad de la parcela, el Gobierno estatal debería aplicar un precio similar para la expropiación de la vía, evitando una compensación inferior que implique la pérdida de la propiedad.
Asimismo, han llevado a cabo un trabajo de seguimiento y negociación durante el último año para defender los derechos de los afectados, especialmente su derecho a una indemnización justa, y evitar comparaciones desfavorables con otras compensaciones relacionadas con el volcán Tajogaite.
Durante este tiempo, han mantenido contactos con representantes de nivel nacional, autonómico e insular para exponer que podría darse la situación de indemnizar de manera diferente parcelas colindantes, e incluso una misma parcela.
La plataforma aconseja a los expropiados que no hayan sido notificados para la reunión de octubre que se pongan en contacto con la Administración para confirmar su cita.
Además, recomienda acudir con documentos que acrediten la propiedad de la parcela y realizar una medición pericial, ya que se han detectado casos en los que la superficie publicada en el Boletín Oficial es menor que la real.









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