Canarias alega que nada le obliga "a acoger a cuanto menor el Estado traiga a las islas"

El Ejecutivo canario considera que el Gobierno de España está agravando la crisis migratoria con su "manifiesta dejación de funciones" en esta materia y sostiene que "no existe competencia constitucional o estatutaria" que le obligue a acoger "a cuantos menores migrantes no acompañados la Administración del Estado decida traer al archipiélago".

El Gobierno de Fernando Clavijo aprobó este lunes un emplazamiento legal por el que da 30 días al Consejo de Ministros para que cumpla con las obligaciones que, a su juicio, le competen en la acogida de los menores que llegan a las islas en pateras o cayucos, con la advertencia de que, de lo contrario, acudirá a los tribunales.

Con una red de acogida de menores que ha crecido en los últimos meses de 29 a 81 centros y, aún así, está ya más que desbordada por casi 6.000 chicos, el Gobierno de Canarias ha dado un paso más en el pulso legal que mantiene con el Estado desde el 2 de septiembre, el día en que decidió no acoger a ningún muchacho más si la Policía no se lo entrega cumpliendo estrictamente los protocolos.

En un documento de 21 folios al que ha tenido acceso EFE, el Gobierno canario expone las razones legales que entiende que le amparan en la triple batalla jurídica que se le abre: un recurso del Consejo de Ministros ante el Tribunal Constitucional, una suspensión cautelar de su nuevo protocolo por parte del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad y la amenaza de la Fiscalía de denunciar por delito de abandono a cargos públicos y funcionarios.

El Gobierno canario responde en ese documento a todos los frentes, incluida la advertencia de la Fiscalía. Porque, a su juicio, el Ministerio Público "olvida" que los menores rescatados por Salvamento Marítimo en el Atlántico o interceptados por la Policía al llegar a sus costas "se encuentran bajo la guarda de los servicios del Estado y, por tanto, que serán estos quienes puedan incurrir en esa conducta", añade en referencia al delito de abandono.

La comunidad autónoma recuerda que, hasta la fecha, ha seguido atendiendo a todos los menores migrantes que le entrega la Policía, aunque esta se los confíe "con una lista de nombres, en algunos casos con datos tachados o incompletos e incumpliendo el Protocolo Marco estatal aprobado a tal respecto (de 2014)", lo que acaba constituyendo un perjuicio para los propios niños y adolescentes.

"Aún así, la comunidad autónoma se hace cargo de los menores, asignándoles a alguno de los recursos que se encuentran disponibles", añade, para a continuación remarcar que ya no puede más, que no tiene capacidad física para dotarse de nuevos centros ni el Estado le cede instalaciones de su propiedad que puedan utilizarse con ese fin.

Para la comunidad autónoma, las competencias del Estado en inmigración y extranjería "incluyen la atención y cuidado de los menores migrantes no acompañados (...) sin que, por ello mismo, tales menores puedan considerarse en situación de desamparo, puesto que están bajo su guarda, salvo que esa Administración del Estado los abandone".

"El Estado olvida", añade, "que la situación de desamparo de los menores la halló en el mar y que les amparó con su salvamento. Es una ficción pensar que el menor migrante no acompañado entró en desamparo al ser desembarcado en Canarias".

El Ejecutivo canario alega que el Gobierno de España le pone ante "una situación perversa de imposible cumplimiento, en la que el Estado, con conocimiento de la situación y desentendiéndose del deber constitucional y legal de garantizar el principio de solidaridad territorial, exige a Canarias que reciba a más menores migrantes no acompañados en condiciones imposibles por agotamiento de los medios de acogida, y sin la posibilidad de crecer en nuevos centros, lo que constituye un perjuicio del interés superior de estos menores".

La comunidad autónoma advierte de que, en este momento, su "única posibilidad" de seguir acogiendo a todo menor que llegue a sus costas en una patera "es hacerlo en condiciones inadmisibles para un Estado civilizado y solidario". Al respecto, alerta de que su red hospeda ya a casi mil menores más de los que tiene capacidad, tras haber sido ampliada varias veces, con centros "hacinados" y "al 200 %".

"No existe norma alguna por la que Canarias deba asumir menores rescatados en alta mar, ni menos aún por encima de las capacidades de sus centros y de los medios materiales y humanos asignados (...) Cuando una comunidad autónoma se encuentra desbordada con sus medios para acoger por lo extraordinario de la situación, no es constitucionalmente exigible imponerle que la continúe ejerciendo de cualquier manera sin recibir cooperación o coordinación ya solicitada y asistencia de otras comunidades o del Estado", remarca.

Finalmente, se pregunta por qué Salvamento Marítimo desembarca a los migrantes "en puertos menores donde no hay puesto de frontera" en lugar de usar para ello las zonas internacionales de los puertos de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife e, incluso, cuestiona que sea necesario que siempre los desembarque en las islas.

Al respecto, dice que las normas europeas establecen que preferentemente los rescatados deben ser desembarcados "en las costas del Estado más cercano al punto donde se encuentra la embarcación, o bien del Estado del que se presuma que ha salido la embarcación".

"Se habla pues de Estado más cercano, no necesariamente punto más cercano. No existe ninguna norma que identifique puerto seguro con puerto cercano", subraya.