Los vecinos vuelven a paralizar las obras de la prisión

Pulido: Si el Estado no para las obras de la cárcel, lo hará la Justicia

El Consejo de Vecinos de Castillo del Romeral, además de otros colectivos y algunos políticos, acudieron hoy a los terrenos donde se proyecta la construcción de nuevos centro penitenciario de Gran Canaria y paralizaron nuevamente la ejecución de las obras. En el lugar, donde había unas doscientas personas, una portavoz de los vecinos leyó un manifiesto en respuesta a las "amenazas y coacciones" vertidas por la delegada del Gobierno en Canarias, Carolina Darias, el pasado viernes. Los vecinos actuaron como suele ser habitual, de forma que, cuando los obreros intentaron iniciar las obras, ellos se interpusieron, mientras los agentes de la Policía Nacional observaban los hechos en previsión de incidentes. "En ningún momento nos han dicho que nos marchemos o que nos van a detener por parar las obras, puesto que saben que dichas obras son ilegales", manifestó uno de los vecinos. El Consejo de Vecinos acusó a la delegada del Gobierno de enviar a diario tres dotaciones policiales para "intimidarles" que, a su juicio, podrían ser más necesarias en otros lugares del municipio. En opinión de los vecinos, las declaraciones de Darias en las que aseguraba "que las obras continuarán por el bien general", el efecto ha sido el contrario puesto que hoy había en la denominada "zona cero", muchos más que los que acuden a diario. En el manifiesto afirman que los trabajos "son ilegales" porque no está aprobado definitivamente el Plan Territorial de Instituciones Penitenciarias que establece la situación de la macro-cárcel en estos terrenos. Esta situación, que denuncian tanto públicamente como en los estamentos competentes, no ha tenido ningún cambio desde la semana pasada. Sin embargo, la Sociedad de Infraestructuras Estatales Penitenciarias (SEIP) y la Delegación del Gobierno tienen prisa al ver que el Consejo recaba apoyos y gana "pequeñas batallas" en los juzgados, según los vecinos.. "La señora Darias, haciendo gala de una prepotencia y autoritarismo que creíamos había desaparecido de este país hace más de treinta años pretende aplicar en la construcción de esta macro-cárcel el rodillo, el mismo que se aplicó en otras grandes obras, como por ejemplo en la "supercomisaría" de Las Palmas", agregaron. Estas "amenazas" de utilizar las fuerzas del orden público para defender una ilegalidad no son más que la culminación de las "presiones" que los vecinos padecen desde hace unas semanas, y que se iniciaron con multas de 900 euros diarios a los que obstaculizan el inicio de las obras. El Consejo de Vecinos espera que prevalezca la cordura y que la macro-cárcel no se establezca en ningún lugar de Gran Canaria, así como que los municipios de la isla encuentren un consenso para instalar una prisión adecuada a "nuestra realidad tanto geográfica como social". Asimismo, confía en que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana o a la Agencia de Protección del Medio, que precinte de forma cautelar estas "obras ilegales" hasta que los juzgados decidan quien tiene razón.