Pulido: Si el Estado no para las obras de la cárcel, lo hará la Justicia

Darias: Las obras de la cárcel seguirán por el interés general

Torres da por roto el acuerdo con el Consejo de Vecinos porque se siente utilizada y engañada

El viceconsejero de Ordenación Territorial del Gobierno canario dijo que "el Estado debe parar las obras de la nueva cárcel de Gran Canaria, o terminará haciéndolo la Justicia", al tiempo que hizo un "llamamiento para que se cumpla la legalidad urbanística". El representante del Ejecutivo regional afirmó, en un comunicado remitido a Efe, que "la delegada del Gobierno de España en Canarias, Carolina Darias, no dice la verdad cuando afirma que la construcción de la macrocárcel de Los Llanos de Juan Grande (San Bartolomé de Tirajana), ya no tiene ningún impedimento legal". De esta forma se refirió Pulido a las obras previas a la ejecución de la segunda cárcel de Gran Canaria, sobre las que dijo que "si bien es cierto que las obras públicas de interés general, según la Ley 13/2003, no están sometidas a licencia o cualquier otro acto de control preventivo municipal, sí lo están a un informe de la administración correspondiente sobre la adaptación del proyecto al planeamiento vigente". Ello quiere decir, agregó en su comunicado, "que si el proyecto no está previsto en el planeamiento, como es el caso de dicha macrocárcel, el sentido del silencio es negativo", tal como dispone el artículo 27.2.c) del Texto Refundido de la Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000. Pulido también hizo "un llamamiento a la responsabilidad y al cumplimiento de las reglas de juego de un Estado democrático y de derecho para que se acepte" que la ejecución "de la macrocárcel, aunque esté considerada obra pública de interés general, no puede prevalecer sobre el planeamiento urbanístico". Esto sólo podría ocurrir, dijo, si hubiera "un acuerdo expreso del Consejo de Ministros que, utilizando las previsiones del artículo 244 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (RDL 1/1992, de 26 de junio), pueda decidir si procede efectuar el proyecto, y en este caso, ordenar la iniciación del procedimiento de modificación o revisión del planeamiento, conforme a la tramitación establecida en la legislación urbanística, imponiendo su ejecución". Para Pulido, "lo razonable no es amenazar con la Policía, como hace la delegada del Gobierno, sino que el Estado pare las obras", al menos, hasta que se adopte el acuerdo del Consejo de Ministros que imponga su construcción o se busque un emplazamiento de consenso, porque, "de lo contrario, las terminarán parando los tribunales de justicia". "No nos vale que se argumente que este problema lleva enquistado más de una década y se haya saturado la prisión de Salto del Negro, en Las Palmas de Gran Canaria, hasta el punto de que se utilice la injusta situación en que se encuentran alrededor de un millar de presos canarios que se ven obligados a cumplir sus penas en centros de la Península, pues, en todo caso, habría que buscar a los responsables de esa situación en el Ministerio del Interior del Gobierno de España, que es quien tiene la competencia atribuida para resolver el problema, cosa que debería haber hecho hace mucho tiempo, con previsión y antelación suficiente para evitar los actuales problemas de masificación", aseveró. A su juicio, "es absolutamente incomprensible que el Estado continúe realizando unas obras al margen de la legalidad, al no estar contemplada en el Plan General de Ordenación Urbana de San Bartolomé de Tirajana, alegando la urgente necesidad de la macrocárcel y utilizando el chantaje de que se somete a los internos a una doble condena: la privación de libertad y el alejamiento de sus familias". Consideró que, en cualquier caso, "a los responsables habría que buscarlos en el Gobierno socialista, que ha mantenido una actitud pasiva, haciendo dejación de sus funciones durante largo tiempo y ahora vienen intentando poner la carreta delante de los bueyes, lo que no de recibo". Además, el viceconsejero opinó que "vuelven a intentar coger otro atajo, pues pretenden construir este macroproyecto habiéndolo exonerado el Ministerio de Medio Ambiente del preceptivo estudio de impacto ambiental". A su juicio, es "muy grave e inaudito que un mamotreto de cuatro plantas de altura, con unos muros perimetrales de más de seis metros, se pueda ejecutar sobre un suelo rústico sin la preceptiva declaración de impacto ambiental, que analice sus repercusiones ambientales y establezca las medidas correctoras y compensatorias correspondientes". Darias: Las obras de la cárcel seguirán por el interés general La delegada del Gobierno en Canarias, Carolina Darias, afirmó este viernes que la construcción de la cárcel de Juan Grande, en el sur de Gran Canaria, "va a seguir" porque "prevalece el interés general de la obra" y no hay ningún impedimento legal. Tras advertir que la policía impedirá que los vecinos paralicen las obras, Darias pidió al resto de administraciones implicadas que aúnen esfuerzos, en lugar de polemizar, para conseguir que por fin Gran Canaria tenga un nuevo centro y evitar el desarraigo familiar de los presos canarios internos en la Península. "Los presos sufren una doble condena", afirmó la delegada del Gobierno, "la que cumplen privados de libertad y el alejamiento de sus familias, y ya está bien". Carolinas Darias afirmó que la ubicación de la cárcel de Juan Grande en el municipio de San Bartolomé de Tirajana "no es caprichosa", cumple todos los requisitos y "desde el punto de vista de la Administración General del Estado no hay ningún impedimento legal para la obra". La delegada expuso el firme compromiso del Gobierno de España en acometer tanto esta obra como las del resto de los centros penitenciarios proyectados en Canarias. Recordó que estos son un centro para 1.080 celdas en Los Llanos de Juan Grande (Gran Canaria), Fuerteventura y Lanzarote; los centros de inserción social de Telde y Tenerife, con 150 plazas, y de Fuerteventura y Lanzarote, con 50 cada uno, y dos unidades de madres en Telde y Tenerife. Resaltó la delegada "las bondades" que acarrea la construcción de un centro penitenciario, como la inversión media de 110 millones de euros en obra pública en cárceles como la de Juan Grande y la creación de cerca de un millar de puestos de trabajo. En concreto, el modelo de cárcel que se construirá en el sur de Gran Canaria supone "la creación de 480 empleos directos, 250 indirectos y 123 inducidos", según la delegada, que explicó que el periodo de ejecución de estos centros es de veintiséis meses. También citó los "beneficios" que este centro acarreará a los habitantes del municipio de San Bartolomé de Tirajana, como los de Aldea Blanco, Castillo del Romeral y Juan Grande, que verán mejorar su red de suministros por situarse en el área de la prisión, para lo cual se ha ampliado a diez millones de euros el presupuesto inicial previsto para esta acometida. Explicó que la construcción de los centros penitencias está regulada por la Ley Orgánica General Penitenciaria, son actuaciones de interés público incluidos en el plan de obras de la Administración General del Estado y, por lo tanto, son "obras públicas de interés general". Ello supone, según la normativa referida por la delegada, que la construcción de centros penitenciarios "no está sometida a licencias o a cualquier otro acto de control preventivo municipal", aunque con carácter previo deba solicitarse un informe al ayuntamiento competente sobre la adaptación del proyecto al planteamiento urbanístico. Sobre el caso concreto de Juan Grande, Carolina Darias informó de que el 6 de marzo la Sociedad de Infraestructuras Estatales Penitenciarias (SEIP) presentó la solicitud de ese informe, pero transcurrió el plazo legal de un mes sin contestación, lo cual se entiende como silencio administrativo positivo. "Transcurrió el plazo de un mes y el ayuntamiento no contestó", sino que lo hizo "con posterioridad", dijo Darias, quien aseguró que siempre prevalece el interés general de la obra pública estatal y tienen que ser los municipios los que adapten sus planeamientos a dichas obras. "Lo idea es llegar a acuerdos y por eso en Canarias se ha elaborado un plan especial de infraestructura penitenciarias", afirmó