La crisis migratoria en la ruta atlántica hacia las Islas Canarias sigue cobrándose vidas a un ritmo alarmante. Según datos de la organización Caminando Fronteras, entre enero y mayo de 2024, se han registrado 4.808 muertes, lo que equivale a casi 32 muertes diarias. Esta situación pone de manifiesto la peligrosidad de una de las rutas migratorias más mortales que canaliza la emigración africana hacia Europa, informó el digital Tiempo de Canarias.
Hace 30 años, un pequeño grupo de dos saharauis a bordo de una patera llegó a Fuerteventura, marcando el inicio de una oleada migratoria que ha crecido de manera exponencial desde entonces. Aquella primera llegada, que no generó gran alarma social, se ha convertido en una crisis estructural que desafía tanto a las autoridades canarias como a las españolas. En 2023, las Islas Canarias registraron más de 40.000 personas arribadas, una cifra que resalta la magnitud del fenómeno.
El cambio en los perfiles de los migrantes también ha sido notable. Si en 2006, durante la llamada "crisis de los cayucos", la mayoría de los migrantes eran hombres jóvenes que viajaban solos, ahora llegan familias enteras, incluidas mujeres embarazadas y menores. La sequía y los conflictos en el Sahel, además de la guerra y el hambre, son algunos de los factores que están impulsando este éxodo masivo.
Pese a la gravedad de la situación, las autoridades españolas aún no han logrado garantizar condiciones adecuadas de acogida ni un acceso justo y eficiente a los procedimientos de asilo. La falta de protección internacional y protocolos para la identificación de personas vulnerables, junto con unos servicios de acogida saturados, especialmente para menores no acompañados, han llevado al Gobierno de Canarias a solicitar la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería. La propuesta busca permitir la redistribución de menores migrantes a otras comunidades autónomas, ante la incapacidad del Archipiélago para gestionar el volumen de llegadas.
La situación en Canarias ha sido calificada como "crítica" por diversas instituciones del Archipiélago, mientras la comunidad internacional y las autoridades europeas permanecen inertes ante un problema que se agrava con cada día que pasa.







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