El TS reduce las penas de una red de narcotráfico que operaba en Canarias

El Tribunal Supremo ha reducido de 127 años de cárcel a 55 y medio las penas a 18 personas inicialmente condenadas por traficar con drogas en las islas y de resto procede a la absolución total de tres, parcial de seis y mantiene el pago de 34 millones y medio.

Todos ellos fueron acusados de conformar un grupo que operaba básicamente en Gran Canaria pero también en Tenerife donde tenían un laboratorio para manipular hachís en La Matanza y en La Palma.

La reducción de penas impuestas en principio por la Audiencia de Las Palmas de Gran Canaria tiene su origen en las dilaciones indebidas durante el proceso, que se inició en 2012, aunque el Supremo mantiene las multas millonarias a todos ellos y las condenas de tres años a ocho encausados.

La sentencia en primera instancia consideró probado que el principal responsable de la trama “desplegó una variada y significativa actividad destinada a favorecer el desarrollo de operaciones ilícitas de la organización criminal a la que pertenecía”.

En particular ésta se concretó en la importación de grandes cantidades de cocaína desde Colombia, tenencia y distribución de anfetamina y manipulación de hachís para su posterior distribución desde Tenerife.

El grueso de las operaciones se llevaron a cabo desde 2012 a 2015 momento en el que fue desmantelado el grupo y período en el que fueron detenidas las iniciales 22 personas, encabezados por un padre y su hijo, indica la sentencia.

Estas nueve personas en principio fueron acusadas de traer a España, sobretodo a Gran Canaria y a los laboratorios de Tenerife, grandes cantidades de droga y de hecho se llegó a interceptar un envío de 200 kilos de coca con un 88% de pureza que hubiese alcanzado un valor de 1,2 millones de euros en el mercado negro.

En los registros domiciliarios se encontraron 22 gramos de coca y 87 de hachís en un caso, 41.000 euros en otro y 265 gramos y 5.000 euros en uno más.

Dos de los detenidos trabajaban en una estibadora del Puerto de La Luz y al parecer se encargaban de informar de la llegada de barcos desde Brasil donde habían sido cargadas las partidas de coca adquiridas en Colombia y romper el candado del contenedor y reponerlo.

Durante las investigaciones salieron a la luz aspectos como el uso intimidatorio para cobrar deudas o de un bazar de la capital grancanria desde el que se movían grandes cantidades de dinero.

En mayo de 2015 se puso en marcha un laboratorio para adulterar el hachís en la localidad tinerfeña de La Matanza de Acentejo en cuyo interior la policía halló 13 cajas de cartón sin envasar, 118 kilos de hachís y se obtuvieron como pruebas diversas fotografías.

También se localizaron numerosos viajes en barco y avión “sin razón aparente” desde Gran Canaria y detectó una furgoneta que se acercaban a esta vivienda de La Matanza con el fin de transportar las sustancias estupefacientes.

En la casa también se halló una libreta a modo de contabilidad en la que estaban apuntados diversos movimientos relacionados con este tráfico de estupefacientes que en algún caso sumó 40.000 euros.

Ante el Supremo se planteó la supuesta ilegalidad de las escuchas telefónicas que fueron avaladas por la investigación de “un auténtico proceso de investigación” y de hecho llegaron a dictarse casi 40 autos para permitirlas.

Pero de todos los argumentos planteados el único que se tuvo en cuenta fue el de dilaciones indebidas por el retraso que experimentó la tramitación de la causa.