Considero lamentable que el Archipiélago aparezca como la Comunidad en la que peor se valora la Sanidad por sus ciudadanos y ciudadanas. Sobre todo teniendo en cuenta que el Ejecutivo canario tiene plenas competencias y dispone de más recursos que nunca. El autodenominado gobierno de las personas está, sin duda, preocupado por otros asuntos, como la seudo policía canaria y la tele, y no por la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales, que no forman parte de sus prioridades. Es hora de reconducir urgentemente la situación. Colocando a la sanidad pública como una verdadera prioridad, estimulando el trabajo de sus profesionales, mejorando la atención e incrementando los niveles de satisfacción de sus usuarios.
Que la sanidad canaria no goza en estos momentos de buena salud es un secreto a voces. Basta con seguir atentamente los medios de comunicación de las Islas para constatar las constantes quejas de profesionales y usuarios sobre un sistema que se ha ido deteriorando de forma acelerada por la combinación de ineficiencia y desprecio a lo público mostrada por las dos últimas consejeras del ramo, una actitud negligente que desmoraliza a los profesionales del sector y hace crecer la desconfianza de los ciudadanos y las ciudadanas.
La consejera, por no tener, no tiene ni siquiera imaginación para buscar excusas o cortinas de humo. Todo el mundo es culpable menos su inepta gestión y la de la anterior titular del departamento, de la que decía barbaridades hace poco más de un año, y sobre la que hoy tiene que guardar obligado silencio por obediencia debida a ATI. Ha responsabilizado de la situación sanitaria primero a los inmigrantes, después a Madrid por la financiación, más tarde a los que gestionamos la sanidad hace más de diez años (realizando las transferencias, poniendo marcha la Ley y el Plan de Salud, implantando el sistema de emergencias, multiplicando por tres la superficie y los equipamientos sanitarios…) y ¡hasta a los propios usuarios! Un ejercicio de cinismo intolerable que la descalifica para ejercer el cargo.
Informe
Ahora, la publicación de un informe del Ministerio de Sanidad sobre la valoración del funcionamiento del Sistema Nacional de Salud por parte de sus usuarios confirma ese retroceso galopante en uno de los sistemas que constituyen los pilares del Estado del Bienestar, y que no se encuentra entre las prioridades del actual Ejecutivo que conforman las dos derechas canarias.
En efecto, mientras que en el conjunto de España siete de cada diez encuestados está satisfecho y considera que la sanidad pública funciona "bastante bien o bien con necesidad de algunos cambios", en el Archipiélago la situación es radicalmente distinta, mostrando la crisis que padece actualmente el sistema en las Islas.
En Canarias ocurre, como digo, justamente lo contrario. Los canarios somos los ciudadanos y ciudadanas del Estado español que peor valoramos a nuestra sanidad pública: sólo un 5,1 de nota, muy lejos, casi dos puntos y medio, del 7,4 de los asturianos –que se muestran como los más satisfechos- y a distancia también del 6,3 de media estatal.
Retroceso
Si hacemos una comparación con los datos del informe de 2004 se aprecia claramente el retroceso experimentado en estos años: entonces un 11,34% (casi el doble que ahora) consideraba que la sanidad canaria funcionaba muy bien, y la nota global era de 5,6, cinco décimas más alta que la del estudio último, correspondiente a 2007. Un informe, el Barómetro Sanitario, elaborado por el Ministerio de Sanidad en colaboración con el CIS, que confirma la pésima gestión sanitaria del Gobierno de Rivero, con la consejera Mercedes Roldós al frente, ante el que no vale escudarse en culpabilidades externas, como hacen en este y otros asuntos, sino asumir las responsabilidades y rectificar las actuales políticas o dimitir si se es incapaz de llevar la sanidad canaria a buen puerto.
Hemos denunciado reiteradamente la falta de liderazgo en la gestión y la tendencia del Gobierno que conforman ATI-CC y PP hacia la privatización de la Sanidad. Desde los primeros días de esta legislatura vivimos el espectáculo de los cambios, especialmente con la sonada dimisión del director del Servicio Canario de Salud (SCS), Ignacio Abasolo, tres meses después de su nombramiento y tras declararse firme defensor de un servicio sanitario público, lo que al parecer chocaba frontalmente con la voluntad política de la consejera.
A lo largo de un año se han multiplicado los conflictos en el área sanitaria, afectando a los más diferentes servicios; el último, aún vigente, es el que protagonizan los médicos de atención primaria, que denuncian el incumplimiento de los acuerdos alcanzados con la anterior consejera del ramo respecto a la organización horaria.
El malestar crece día a día entre los profesionales. Y, como confirma el Barómetro, el descontento se generaliza entre los usuarios. Colectivos ciudadanos se agrupan en plataformas de defensa de la sanidad pública, al entender que se está produciendo una apuesta decidida por la privatización y un paralelo abandono de lo público. A pesar de contar con excelentes profesionales, de disponer de adecuadas infraestructuras y de mayores recursos económicos que nunca, la sanidad canaria naufraga sin remedio; y las consecuencias del naufragio las padecemos todos, pero especialmente los sectores más débiles de la población.
En este, como en otros ámbitos, sufrimos las consecuencias de un Gobierno canario paralizado, sin ideas y sin el menor compromiso con el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Razones más que suficientes para trabajar por su urgente sustitución.
Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias.







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