El sindicato CSIF ha anunciado este viernes una serie de concentraciones en varios ayuntamientos de la isla de La Palma para manifestarse contra lo que consideran un abuso de poder por parte del Consorcio y con la complicidad del presidente del Cabildo, según el comunicado. Estas concentraciones forman parte de una estrategia de visibilización del conflicto laboral en curso con el Consorcio.
Los actos de protesta se llevarán a cabo los días 8, 18 y 25 de julio en los municipios de Tazacorte, Mazo, Breña Baja y Los Llanos de Aridane, respectivamente. Esta decisión se ha tomado en apoyo al Comité de Empresa y los trabajadores del Consorcio, quienes, según el CSIF, están siendo sometidos a un trato degradante y enfrentan un grave quebranto reputacional. La situación se ha agravado con intentos de sancionar a los trabajadores por no asistir a su puesto en un día festivo y por acusaciones infundadas que podrían haber llevado a despidos injustificados.
Además, el sindicato ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por graves incumplimientos laborales, lo que resultó en una nueva inspección a las instalaciones el 4 de julio de 2024 y en un nuevo requerimiento al Consorcio.
El CSIF defiende que estas medidas son necesarias para proteger el derecho legítimo a la protesta laboral y para asegurar que los servicios de recogida de basura solo se vean alterados por la gestión negligente del Consorcio y otras circunstancias que no coincidan con el horario de prestación del servicio.
Desde el sindicato han anunciado que continuarán con este tipo de concentraciones a partir de septiembre y no descartan convocar una huelga indefinida. La gestión ordinaria del Consorcio y la calidad del servicio de recogida de residuos sólidos han sido duramente criticadas por el CSIF, señalando problemas laborales y de representación social.
La ciudadanía de La Palma merece un servicio de recogida de basura digno y no tercermundista, y se compromete a poner todo su empeño en lograr este objetivo. También denuncian la desidia de las instituciones públicas en la gestión de estos servicios esenciales, añade.
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