El Cabildo de La Palma está considerando la posibilidad de personarse como acusación particular en el caso de presunta estafa que afecta a 12 familias perjudicadas por la erupción volcánica.
Estas familias adelantaron entre 25.000 y 70.000 euros a una constructora que ahora no responde a sus demandas.
La consejera insular de Acción Social, Ángeles Fernández, destacó el apoyo del Cabildo a estas familias en aspectos sociales, habitacionales, económicos y judiciales.
Según un comunicado, en el reciente Pleno Ordinario, se acordó respaldar judicialmente a las familias afectadas y proporcionar una ayuda complementaria para el pago del alquiler.
Fernández subrayó que la mayoría de las familias abonaron un 25% del total de la obra, aunque algunas llegaron a pagar más del 70.000 euros, en su mayoría con ayudas de administraciones.
Asimismo, lamentó los numerosos despropósitos e incumplimientos de la constructora, que prometió, pero no cumplió, forzando a las familias a llevar el caso a los tribunales.
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