La Asociación Agua para La Palma plantea un acuerdo integral en Canarias para enfrentar las graves pérdidas de agua debido al deterioro de las redes de distribución.
El objetivo es que el Gobierno canario, los ayuntamientos y los cabildos prioricen la renovación de estas redes sobre la expansión de la desalación. La asociación denuncia que, mientras se invierte en nuevas desaladoras, se pierde aproximadamente el 50% del agua debido al mal estado de las infraestructuras.
La asociación impulsa un frente común con colectivos de todas las islas para presionar a las autoridades a invertir en la renovación de las redes de abasto. Este enfoque busca mitigar las "escandalosas" pérdidas de agua, que pueden superar el 50% de los recursos hídricos disponibles, provenientes tanto de acuíferos como de desalación y depuración.
Agua para La Palma critica que se destinen grandes inversiones públicas a la industria de desalación mientras las redes de distribución siguen deteriorándose. El colectivo alerta sobre "la gran mentira" que permite a ciertos intereses políticos y empresariales desviar fondos hacia la desalación, perpetuando un sistema ineficiente y costoso.
La asociación enfatiza la necesidad de un debate social e institucional sobre la raíz del problema. Considera que es ilógico producir más agua desalada en lugar de reparar las redes existentes. Propone un gran acuerdo regional, impulsado por la sociedad civil y respaldado por diversas entidades, para priorizar la renovación de las infraestructuras de agua.
El pacto incluiría convenios entre cabildos y ayuntamientos con la Dirección General de Aguas del Gobierno Canario, priorizando la reducción de pérdidas de agua en lugar de ampliar la desalación.
Agua para La Palma subraya que los ciudadanos pagan el precio del agua perdida en las facturas y subvenciones públicas, un círculo vicioso que encarece el servicio de un recurso vital.
La asociación también critica el uso del cambio climático como justificación para construir más desaladoras, mientras se ignora el deterioro de las redes de distribución. Destaca que en islas como Lanzarote y Fuerteventura, donde toda el agua consumida proviene de desaladoras, también se pierde más del 50% del agua en las redes.
Finalmente, Agua para La Palma resalta que la falta de inversión en la modernización de las redes de abasto resulta en una ineficiencia costosa. Propone que la sociedad canaria exija a los políticos un cambio de prioridades, argumentando que la renovación de las redes es social y económicamente sostenible, liberando fondos para otros servicios públicos esenciales.
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