La Europa Social, con 65 horas de trabajo a la semana

Los Ministros de empleo de la Comunidad Europea se reunieron en Junio para discutir, y probablemente aprobar en fechas venideras, una directiva que amplía la jornada laboral a las 65 horas semanales, sustituyendo a las 48 horas que se trabajan en Europa, y a las 40 máximas permitidas en España. Esta iniciativa europea cuenta con la firme oposición española, que no podía definirse de otra manera, ante la norma que nos es habitual en España, de 40 horas, cuyo derecho se intenta defender a ultranza. En estos períodos de crisis, los países europeos podrían desear crear con la inmigración, una política de abaratamiento del coste social. La ampliación del horario de trabajo, podría ser una solución para rebajar de hecho, los salarios. Si España puede permitirse en tiempos de crisis, el avance laboral de las 40 horas semanales, será otra discusión de otro momento, pero la soberanía en nuestras decisiones tiene que ser respetada, y no caer en el retroceso de aumentar ni a las 48 horas, de otros países europeos. Asusta la propuesta europea de asumir las 65 horas semanales, autorizándolo por Ley que lo permita mediante pactos individuales entre  trabajador y empresario. Queda clara la firmeza de nuestro Gobierno, pero deberíamos asegurarnos que si la idea avanza, y las 65 horas son asumidas en cualquier país de la comunidad Europea que lo desee, asegurarnos que no puedan ofrecerse contratos de trabajo firmados en los países de origen, que obliguen a los inmigrantes trabajar en España con horarios legales de sus propios países,  pero superiores a lo establecido en España. El respeto a la persona, y a la igualdad en el trato laboral para todos los trabajadores, tiene que seguir siendo objetivo prioritario. Cualquier intento de contemplar viable dos estilos de contrato en la misma empresa, uno, el español, y el otro, el firmado en el país de origen, para trabajar en la misma empresa, debería crear nuestro rechazo social. Las tensiones entre las plantillas aparecerían con facilidad por lo que es imprescindible que se defiendan los derechos de los inmigrantes al mismo nivel de los derechos que disfrutan los trabajadores españoles. Las posibles diferencias laborales en la misma empresa, crearía categorías de trabajadores explotados y trabajadores privilegiados, que en nada ayudaría a la buena convivencia de las plantillas. La mayor injusticia social se realizaría en el país español, que es el que más rechazo ha demostrado a la posible nueva Ley europea. No basta el rechazo. Hay que regular la imposibilidad de la imposición de este abuso dentro del mercado laboral español, aunque vaya en contra algunos intereses empresariales Nuestra Hostelería ha sido muy apreciada por nuestros clientes, especialmente por el trato amable, servicial, educado y alegre. No caigamos en la tentación de crear tensiones entre las plantillas, o caras cansadas por el sobre-esfuerzo. Cualquier inmigrante será capaz de demostrar su alegría en el trabajo, nada mas recibir el puesto de trabajo, pero nada humillará tanto a este mismo trabajador que verse tratado de forma denigrante por su propio empresario. Por pura inteligencia empresarial, ni lo intentemos.