Sanidad se une al protocolo "Clave A" para la prevención de la violencia infantil

El Gobierno de Canarias se ha sumado al programa 'Clave A' impulsado por la asociación StarUP para la prevención de la violencia en la infancia, un protocolo que cualquier menor puede poner en marcha en el médico, ante un policía o ante cualquier trabajador de emergencia si necesita ayuda escribiendo una "A" mayúscula o dibujándola con un gesto de los dedos .

Lo ha anunciado la directora general de Programas Asistenciales de la Consejería de Sanidad, Antonia María Pérez, durante la celebración de unas jornadas organizadas por la Fundación Mapfre Canarias para ofrecer formación sobre el protocolo de actuación de ese programa a personal de los servicios sanitarios, policiales y de emergencias.

En rueda de prensa, el magistrado especializado en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, Tomás Martín, ha resaltado que este protocolo resulta "esencial", porque viene a responder a una necesidad donde "no había nada", creando así "una pauta de actuación que permite conectar de una forma lógica y coherente la actuación sanitaria y la judicial cuando ha concurrido un hecho que puede ser constitutivo de delito".

Además, ha dicho, "clarifica a todos los profesionales el método de actuación desde una nueva perspectiva del buen trato de la infancia, también en el ámbito sanitario".

Para Martín, el protocolo "es la puerta de entrada, el inicio de un conjunto de actuaciones que tenemos que desarrollar también en el ámbito sanitario" para crear "espacios seguros, amables, protectores" y "lograr una plena capacitación de los profesionales sanitarios en la detección precoz de la violencia".

Este procedimiento de trabajo trata de "aunar todas esas herramientas, combinando las distintas perspectivas" porque es "un protocolo sanitario, pero que no aborda materias exclusivamente sanitarias, sino de coordinación", para determinar "cómo se va a relacionar el ámbito sanitario con el ámbito judicial, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con el ámbito educativo, con la dirección general de protección al infancia y la familia", entre otros.

Para el magistrado, esa coordinación "permitirá contar con una herramienta conjunta interinstitucional y coordinada", que para Martín "no cabe duda de que va a facilitar un mejor rendimiento" porque "hasta ahora esa coordinación existía de forma eficiente e inconexa, sin criterio, en ocasiones dependiendo de la voluntad o la capacitación del profesional".

Cada institución "hacía la labor que estimaba, pero sin entender que la víctima necesita un nexo y una actuación protectora con un sentido", en el que la víctima "comprenda que la administración trabaja para ella y para tutelar su derecho".

La pediatra de Atención Primaria y una de las profesionales encargadas de la elaboración de este protocolo, Ángeles Cansino ha destacado que tiene el objetivo de "ayudar y acompañar a los profesionales para que sepan actuar de una manera adecuada ante cualquier evidencia o cualquier indicio de violencia en la infancia o adolescencia", pero también "trabajar la coordinación interinstitucional con todos los agentes implicados en el manejo de estos casos como el personal del juzgado, Fiscalía, o las fuerzas y cuerpos de de seguridad, con sinergias entre el hospital y Atención Primaria".

El protocolo, ha remarcado, "deja claro qué tenemos que hacer en cada momento, con quién tenemos que contactar", destacando el 112, que "ocupa un lugar preponderante porque a través de ellos se activa al resto de dispositivo".

La misma idea ha subrayado la pediatra y la profesional en la dirección general de programas asistenciales, María Eugenia Ángulo, que ha puesto en valor que este protocolo busca que "ante la mínima detección, lo notifiquemos", algo que "es muy importante".

Además, ha dicho, es importante tener en cuenta cuestiones como "evitar en la medida de lo posible la victimización secundaria, que las instituciones de por sí hagan que el menor se sienta más víctima al tener que repetir varias veces el mismo mensaje o sufrir distintas exploraciones".

Esto se evita, ha destacado, "haciendo un buen trato al menor y evitando una posibles revictimización".

El protocolo incluye, entre otras cuestiones, unas tablas de indicadores de violencia, factores de riesgo social en un listado que "ayuda realmente a poder detectar casos de violencia lo antes posible" según si es un tipo de negligencia, de violencia sexual o de maltrato psicológico.