La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) ha acusado al Gobierno regional de crear un "mito infundado" para "demonizar" esta modalidad "y justificar una ley restrictiva" del sector acusándolo de dañar el entorno y molestar a vecinos residentes, cuando las cifras oficiales desmienten que sea así.
Ya que, según ha argumentado este viernes en un comunicado la organización, solo se ha constatado que ese negocio haya provocado una cantidad de protestas de ciudadanos por molestias "absolutamente irrisorias", hasta el punto de que "desmitifica el sambenito que desde algunos sectores se trata de imputar a las viviendas vacacionales".
Como prueba de sus afirmaciones, la Ascav aduce los datos que revela una resolución que le ha sido notificada en respuesta a una consulta hecha al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sobre las molestias causadas por las viviendas vacacionales en la capital, de la cual -subraya- "se desprende que entre el año 2015 y 2024 se ha producido una media de seis denuncias al año por molestias causadas por viviendas vacacionales".
La asociación sostiene, además, que esas no son los únicas razones con las que trata de justificar el Gobierno de Canarias un proyecto de ley con el que planea limitar las viviendas vacacionales en el archipiélago que no se ajusta a la realidad del sector.
Y, como ejemplo de ello, recuerda que ya "un informe presentado por el Colegio de Economistas de Las Palmas ponía en evidencia a la Consejería de Turismo, pues los datos manejados por esta en torno a las viviendas vacacionales no se ceñían a la realidad y necesitan una depuración importante".
En esa línea, apunta que la propia Consejería de Turismo regional ha aludido a cifras que, según la Ascav, no son ciertas, entre ellas la de que "solo un 21 % de las personas que explotan viviendas turísticas acaparan más del 50 % de las plazas que se ofertan en las islas".
A ese respecto, destaca que la asociación "aclara que, de acuerdo a datos oficiales del Registro General Turístico de Canarias, en torno al 67 % de las viviendas vacacionales de Canarias están en manos de pequeños propietarios", con hasta un máximo de 5 propiedades.
Por todo lo expuesto, la Ascav "pide que no se confunda a la sociedad", como, a su entender, está haciendo la Comunidad Autónoma.
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