"Con el anteproyecto no nos hemos arrugado frente a unos, ni reconfortado con el aplauso de los otros"

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica De León, ha dado el primer paso para regular el mercado de la Vivienda Vacacional en el archipiélago. Hace una semana presentó el anteproyecto de ley que tiene el objetivo de ordenar un sector productivo que ha crecido exponencialmente durante los últimos años y que actualmente oferta 222.014 plazas.

En este entramado se encuentran, por un lado los propietarios particulares que explotan un inmueble para conseguir un ingreso extra -los hay que poseen algunos más-, y por el otro se sitúan los empresarios hoteleros tradicionales que demandan un mayor control de una realidad que ya se ha convertido en competencia. La titular del área encargada de sentar las bases de la actividad concede una entrevista a TIEMPO DE CANARIAS para explicar los pormenores de una ley que no contentará a todos por igual y hablar sobre las primeras reacciones que ha producido la aparición de este anteproyecto de Ley de Vivienda Vacacional.

Ha pasado una semana desde que presentaron el anteproyecto de la Ley de Vivienda Vacacional y ya se han producido las primeras manifestaciones de distintos organismos y asociaciones. ¿Está satisfecha? ¿Son las respuestas que esperaba?

Sí, sin duda. Creo que desde el inicio de la consulta pública se han identificado claramente dos bandos. Uno, que no pedía ningún tipo de regulación, porque entendía que el decreto 113/2015 era suficiente; y otro bando, donde encajo a la ciudadanía, no solamente a la parte empresarial, cámara, Ashotel, etc, los que han salido públicamente, sino donde encajo también al grueso de la mayoría de los canarios que nos pedía una mejor regulación del alquiler vacacional. Yo creo que hemos conseguido seguir nuestro camino que es no arrugarnos frente a unos, ni confortarnos con el aplauso de los otros.

Supongo que esas opiniones tendrán cabida en el proyecto de ley que ahora mismo se encuentra en exposición pública, y se integrarán dentro del marco de las conversaciones que tendrán con todas las partes.

Ahora es el momento de que la ciudadanía haga aportaciones al texto hasta el 2 de mayo, y que en el trámite de audiencia que estamos haciendo con los principales colectivos, tanto los que están a favor como los que están en contra, hagan aportaciones al texto y nos sentemos a debatir el futuro proyecto de ley que entrará en el Parlamento, si todo va bien y tras la declaración de urgencia que haremos cuando acabe el plazo de información pública, pues en el mes de septiembre.

Los defensores de esta modalidad de alquiler turístico han mostrado su malestar por la limitación de los años que pueden mantener su negocio y de los requisitos que tienen que cumplir para seguir operando, o para iniciar la actividad, en el caso de los nuevos.

Estamos hablando de que las viviendas, a los 5 años, simplemente hacen una declaración responsable como que su situación no ha cambiado y se pueden quedar hasta los 10 años, y a los 10 años sí que les entra en vigor todos y cada uno de los requerimientos. Yo creo y aventuro que lo que querrán plantearnos, o espero que así lo hagan en un debate sereno y constructivo, será sobre los requisitos de acceso para adaptaciones a esas viviendas. Para los nuevos, si tenemos un millón de viviendas en Canarias y estamos diciendo que el 90% sea para residentes y el 10% para alquiler vacacional, haciendo una cuenta rápida, son 100.000 viviendas que se pueden incorporar, ¿no? Menos 54.000 que ya están, estamos diciendo que aproximadamente el doble podrán incorporarse, y que decimos que no se incorporen hasta que los ayuntamientos hayan decidido dónde, cuándo, cómo y cuánto.

En el lado contrario se sitúan las cámaras de comercio, confederaciones de empresarios y organizaciones turísticas tradicionales, las cuales se han apresurado a manifestar, públicamente, su apoyo a este anteproyecto de ley. ¿Puede esta rápida reacción instalar en la sociedad la sensación de que la medida favorece a los más poderosos y limita a los pequeños propietarios?

Sin duda, cuando nos están diciendo que el exterminio y la purga van en contra del pequeño propietario, y públicamente sale el sector que había solicitado una regulación, pues muy probablemente lo piensen; incluso en redes un señor me ha acusado de que Ashotel me había pagado. Bueno, yo creo que es producto del ruido, de la desconfianza, y de no haberse leído este proyecto de ley con detenimiento, y de confundir el régimen transitorio que se le aplica a los que están, con lo que le vamos a pedir a los nuevos que se quieran incorporar. Creo que queda mucho tiempo para que esto se serene, para que entendamos las posturas de cada uno y, sobre todo, para hacer un ejercicio que hasta ahora muy pocos han hecho, que es un ejercicio de empatía con aquellos canarios, que ante la falta de vivienda, que no es culpa del vacacional en exclusiva, tienen que pagar alquileres a precios desorbitados.

Basándose en esas opiniones que han surgido durante la última semana tras darse a conocer el contenido del anteproyecto, y bajo su opinión, además de los ya citados, ¿cuáles cree que van a ser los puntos que presenten mayor debate, y que quizá habrá que modificar?

Bueno, puedo aventurar que muy probablemente la Asociación de Alquiler Vacacional quiera sentarse con nosotros a discutir los requisitos que tienen que cumplir las viviendas una vez superados los 10 años, y sería lógico que nos propongan un modelo alternativo; o que nos discutan cómo podemos pedir la certificación energética, cuando es obligatoria desde el año 2013; o que los electrodomésticos sean tipo ‘A’ cuando dentro de 10 años pues ya, muy probablemente, lo único que se comercialice en estas tiendas sea precisamente esto. También nos pueden cuestionar que no es justo que se les pida que un cargador esté a 500 metros, o el Net Zero (reducción de emisiones) en tres años a los que hayan hecho un edificio completo de vacacional y prefieran que sea a los 10. Aquí hay que tener una visión muy a largo plazo.

La aplicación de la futura Ley de Vivienda Vacacional correrá a cargo de los ayuntamientos. ¿No supone esto demasiada responsabilidad para las instituciones municipales?

Lo que le estamos diciendo a los ayuntamientos es que no les vamos a dejar solos, de hecho lo que se les va a proponer es que nosotros les pasemos un texto de una ordenanza tipo. Es decir, el bloque normativo que ya lo tengan desarrollado, y que durante todo este tiempo estemos trabajando, hasta que salga la ley, con los técnicos municipales para aclararles dudas, para que podamos llegar a un acuerdo sobre bloque normativo tipo, y luego la ordenación pormenorizada de los sectores la tendrán que hacer los alcaldes con su ciudadanía.

Dicha ordenación pormenorizada de la que habla y que se ha convertido en una de las banderas del anteproyecto de Ley tiene como objetivo el equilibrio, el reparto de la capacidad de carga. No en vano, el día de su presentación se habló de actuar por municipios, localidades, barrios, incluso calles. ¿Cómo se va a poner en práctica? ¿Podría explicarlo?

A lo mejor el término municipal de La Oliva lo quiero regular entero en la misma ordenanza y prohibir, porque voy muy por encima de la capacidad; o me puedo plantear que en el pueblo de Vallebrón estoy perdiendo población, y permito cinco más; Corralejo lo declaro zona tensionada y El Cotillo zona tensionada también; pero en Lajares todavía, con el ritmo de crecimiento que lleva, caben 10 licencias.

Esa es la ventaja que va a tener la ordenanza provisional. Nosotros ya estamos trabajando con los ayuntamientos para presentarles el registro de Intur. Los técnicos municipales e insulares saben cómo funciona y cómo acceder a los datos de cada zona. Tienen las viviendas georreferenciadas, saben perfectamente dónde están. Y así es muy fácil hacer una ordenanza por sectores, por barrios, por calles, por núcleos. En definitiva, se lo vamos a dar prácticamente hecho salvo los informes, que eso ya no depende del Gobierno de Canarias.