La Federación Canaria de Municipios (FECAM) reclamará al Gobierno de Canarias el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el "decreto de playas" y que asuma los costes derivados de los servicios de salvamento, especialmente en los municipios de menos de 20.000 habitantes.
En un comunicado, la FECAM recuerda que el alto tribunal anuló dicho decreto el pasado 27 de septiembre de 2023 e instó a la publicación del fallo en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), obligación que todavía no ha cumplido el ejecutivo regional. Motivo por el cual solicitará la ejecución forzosa de la misma, con carácter formal, ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y también a través de un escrito al órgano correspondiente del Gobierno de Canarias.
Además, la FECAM incide en la importancia de que en el futuro marco regulatorio que vaya a hacer el Gobierno de Canarias se cuente con su participación, cuestión que se abordará en la próxima reunión con el consejero de Política Territorial, Cohesión y Aguas, Manuel Miranda, el próximo 24 de abril.
En el caso de que la nueva normativa autonómica "imponga nuevamente" a los municipios de menor población la prestación del servicio de salvamento en playas, advierte de que "deberá efectuarse mediante norma con rango de ley y con previsión de dotación financiera suficiente".
No obstante, en base al acuerdo adoptado por el Comité Ejecutivo de la FECAM en su sesión del 18 de marzo, se recomienda a los municipios no obligados a prestar este servicio de seguridad y salvamento en las playas que lo sigan prestando en función de sus disponibilidades presupuestarias, para que, en tanto se defina el nuevo marco legal, no se deje desatendida la seguridad de las vidas humanas en las playas y zonas de baño.







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