El TSJC obliga al Cabildo a proporcionar información sobre el análisis en relación con la contaminación del agua

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha rechazado el recurso que el Consejo Insular de Aguas de La Palma (CIALP) presentó contra una sentencia que lo obligaba a proporcionar información sobre análisis y medidas, omadas en relación con la contaminación del agua de consumo humano en la isla.

El consejo insular de aguas, perteneciente al Cabildo de La Palma, había negado en febrero de 2022 la documentación sobre analíticas y medidas adoptadas ante la contaminación por bacterias fecales detectada en el Túnel de Trasvase, argumentando que la asociación solicitante, Agua para La Palma, “buscaba desprestigiar al organismo público”.

El Consejo Insular de Aguas de La Palma también rechazó entregar a la asociación denunciante los datos de la calidad del agua de 2003 a 2014, así como toda documentación relativa al procedimiento administrativo seguido para destinar al abasto urbano agua obtenida inicialmente para riego agrario.

Sin embargo, dos decisiones judiciales han declarado ilegal la negativa del consejo insular de aguas a proporcionar la información solicitada, primero por un Juzgado de lo Contencioso Administrativo en 2023 y recientemente el máximo tribunal autonómico, al desestimar la apelación y condenar al Consejo Insular de Aguas de La Palma al pago de los costes judiciales.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias destaca la importancia del acceso a la información en materia ambiental para los ciudadanos y critica la postura del Consejo Insular de Aguas de La Palma, considerando "inadmisible" que una administración pública se oponga a la fiscalización por parte de la sociedad civil.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias advierte en la sentencia de que la resolución administrativa denegatoria de la información “no aclara cuál de los supuestos legales de exclusión o denegación del derecho aplica”.

La Asociación Agua para La Palma espera que el Cabildo de La Palma acate las sentencias judiciales y entregue toda la documentación solicitada ya que, “de no ser así, se tomarán medidas legales adicionales para defender nuestros derechos".