El juez cita a declarar a Narváez, García, y las hermanas Naya por presuntos delitos en la "Fiesta del lujo"

El Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana ha iniciado diligencias en respuesta a la querella presentada por la Fiscalía Provincial de Las Palmas, que acusa a varias personas, entre ellas, la exalcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez (PSOE), y al actual alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García (NC), por posibles delitos como prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental.

Según informa el periódico Canarias 7, se está llevando a cabo una investigación judicial relacionada con el "Congreso del lujo" o "Fiesta del lujo" que tuvo lugar en Maspalomas en noviembre de 2022.

El magistrado José Manuel Díaz Pavón ha emitido un auto con fecha del 20 de marzo de 2024, en el que cita a cuatro personas, todas ellas bajo investigación, para prestar declaración el próximo 21 de mayo. Entre los citados se encuentran Narváez, García y las dos interventoras, Tania Naya del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y Noemí Naya de Santa Lucía.

La decisión del juez coincide con la petición realizada por la fiscal delegada de Delitos Económicos, Evangelina Ríos, quien instó a que se tomaran declaraciones en principio a estas cuatro personas para investigar posibles infracciones penales en la organización del mencionado congreso, financiado con fondos públicos de ambos ayuntamientos.

El auto inicia la investigación judicial que deberá determinar si se incurrió en alguna infracción penal, como así sostiene la fiscal, durante la tramitación del I Congreso de Funcionarios de la Administración Local con Habilitación Nacional, que tuvo lugar entre el 16 y el 18 de noviembre de 2022, financiado por ambos ayuntamientos.

La Fiscalía argumenta irregularidades en la tramitación del congreso, como el pago anticipado de facturas antes de la firma del contrato y la falta de justificación para recurrir a un procedimiento negociado. También señalan que la empresa adjudicataria del evento, Sonocom, habría hecho pagos anticipados desde septiembre, antes incluso de la fecha de licitación del concurso que le adjudicó la organización del congreso.

Por otro lado, mencionan la ausencia de informes que justifiquen el recurso a un procedimiento negociado, así como la invitación a un solo licitador, cuando la ley exige un mínimo de tres. Unas irregularidades que plantean dudas sobre la transparencia en la gestión de fondos públicos por parte de los implicados, según la Fiscalía.