Aprueban medidas agrarias y de vivienda protegida para recuperar La Palma

El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes un decreto de medidas agrarias y otro de vivienda protegida para La Palma con el fin de recuperar la máxima superficie agrícola previa al volcán, así como dar respuesta a las personas que perdieron su vivienda en la erupción y no pueden acogerse a las opciones ofrecidas en anteriores normas.

Según ha informado a la prensa el consejero de Agricultura, Narvay Quintero, el objetivo del decreto ley de medidas agrarias para La Palma tras la erupción volcánica es, en primer lugar, recuperar el máximo agrícola potencial posible de la isla y, seguidamente, recuperar las explotaciones en el mismo lugar donde la tenían las personas afectadas.

Este decreto marca dos zonas de recuperación agraria dentro de la colada del volcán, la primera de ellas donde la colada es de menos de 10 metros de grosor y en la se puede recuperar no sólo la explotación agraria en sí, sino también cualquier otra edificación que tuviera dentro de la explotación.

La otra zona, mayoritariamente con más de 10 metros de grosor de colada, está condicionada a un informe técnico científico que emite el Cabildo insular que de el visto bueno para construir, debido a la existencia de riesgo de colapso (por haber tubos volcánicos debajo), tras detectarse que en esa zona la temperatura del subsuelo todavía es muy elevada, entre los 100 y los 400 grados.

Quintero ha indicado que en las partes que no se pueden recuperar el decreto da “muchas posibilidades”, como permutar dentro de la colada terrenos, trasladar el derecho de reconstrucción de la parcela afectada por el volcán a otra parcela de la isla o el permiso de que dentro de la colada se puedan comprar parcelas de cara a la reconstrucción para evitar que se pierda el potencial agrícola, entre otros.

También, para aquellos que no quieran continuar en el sector de la agricultura, el decreto ley contempla que el Gobierno indemnice a estos por el valor de lo que tenían antes del volcán, quedándose el Gobierno con la propiedad del terreno.

Vivienda protegida

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado también el decreto ley en materia de vivienda protegida con el que pretende facilitar y agilizar la construcción de este tipo de viviendas en La Palma, tanto en los tres municipios afectados por el volcán, como en el resto de la isla, para dar respuesta a las personas demandantes de vivienda protegida.

Para ello, a través de este decreto ley se habilitan 15 parcelas de suelo público en ocho municipios.

“Teníamos que contemplar un plus específico para La Palma para que aquellas personas que llevan tiempo esperando por una vivienda protegida no sufrieran un agravio respecto de la situación originada por el volcán, puesto que hay que centrar los esfuerzos en las personas que necesitan vivienda a raíz de la pérdida por el volcán”, ha explicado en rueda de prensa la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barrero.

Con respecto a los ciudadanos que perdieron su vivienda por la erupción, este decreto busca dar respuesta a los afectados que no pueden acogerse a alguna de las opciones recogidas en la norma que regula la reconstrucción de las edificaciones que existían antes de la erupción volcánica en el espacio hoy ocupado por la colada, ni tampoco a lo dispuesto en el decreto que permite la construcción de lo destruido en parcelas fuera del ámbito de la colada.

Igualmente, Barrero ha indicado que este decreto aborda también la situación de aquellas personas que, aun recibiendo el valor de lo perdido, no van a poder acceder a una vivienda.

A estos efectos, el decreto establece que los vecinos cuyas viviendas resultaron destruidas o afectadas estructuralmente por la lava tienen preferencia para acceder a las viviendas que se construyan en el ámbito de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte.

En cuanto a las viviendas en el ámbito del Valle de Aridane que no se adjudiquen y las que se construyan en otros municipios de la isla de La Palma se adjudicarán a demandantes inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda conforme a las reglas generales de la legislación de vivienda.