Los propietarios de urbanizaciones podrán negociar los términos para terminar las viviendas inacabadas

El Gobierno de Canarias abrirá antes de verano un concurso para que los propietarios de urbanizaciones y viviendas inacabadas le planteen en qué plazos y condiciones las pueden terminar, con el propósito de seleccionar las mejores opciones e incorporarlas al parque de vivienda pública.

Así lo ha anunciado este lunes el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, al exponer en rueda de prensa algunos de los detalles del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que ha aprobado el Consejo de Gobierno para hacer frente a la falta de vivienda y "emergencia habitacional" que atraviesan las islas.

La nueva norma contiene dos grupos de iniciativas, unas destinadas a incrementar la disponibilidad de suelo y la utilización de edificaciones con destino a vivienda, y otras enfocadas a la promoción e impulso de la construcción de viviendas protegidas.

A través de 30 artículos y varias disposiciones transitorias, adicionales y finales, el decreto aborda todos los aspectos de la oferta de vivienda, ha asegurado Rodríguez tras el Consejo de Gobierno de Canarias de este lunes.

Así, se aborda la disponibilidad de suelo donde construir, facilitando su transformación jurídica y material; la viabilidad de usar como viviendas construcciones y edificaciones ya existentes, incluyendo las no terminadas, y la adecuación de las normas sobre viviendas protegidas para favorecer su rápida construcción y puesta a disposición de los demandantes.

El consejero ha informado de que se hará un concurso antes del verano para que los titulares de los edificios inacabados puedan presentarse y decir en cuánto tiempo los acaban, pues el Gobierno adquirirá edificios acabados.

Además, el decreto determina una serie de mandatos que responden al objetivo de aplicación directa y simplificación de los procedimientos, como la reducción de seis a tres meses en el cumplimiento de trámites y procedimientos administrativos.

El consejero ha indicado que el Gobierno ha abordado esta propuesta con los sectores implicados durante los últimos meses, con la intención de alcanzar un documento de consenso en el que se recogieran políticas reales y "de aplicación directa", para aportar soluciones al problema.

Asimismo, este jueves se reunirá con los grupos parlamentarios para explicarles el decreto.

Rodríguez ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo para dar respuesta a la emergencia habitacional que existe en Canarias, derivada, en primer lugar, de la crisis inmobiliaria de 2008 y, también, por la pandemia de la covid-19.

El decreto se suma a la decena de iniciativas recogidas en el Plan de choque elaborado por la Consejería a finales del pasado año, y aprobado en el Consejo de Gobierno, para garantizar el acceso a la vivienda de todos los canarios, ha manifestado el consejero.

Según ha asegurado, en los tiempos de bonanza se construían en Canarias 20.000 viviendas al año, mientras que en la actualidad solo se alcanzan 3.000 viviendas anuales.

Respecto a qué numero puede alcanzarse con la nueva normativa, ha dicho que "dependerá del empuje del sector privado", y que las medidas están bastante consensuadas.

Más allá del número de viviendas concretas que se logre poner en el mercado, el consejero considera primordial bajar el precio medio de alquiler y de venta en Canarias.

El decreto aprobado tiene en cuenta que la trama urbana actual cuenta con suelos que no se han desarrollado, por lo que se priorizará la construcción de vivienda protegida en suelos antropizados, sin consumir nuevos, para incrementar el parque público y dar salida a construcciones y urbanizaciones inacabadas o abandonadas.

No obstante, seguirán siendo los municipios los que determinen qué suelos se pueden destinar a vivienda pública.

En este sentido, se favorecerá la compatibilidad del uso residencial y del turístico en suelos sin desarrollar, donde un tercio de la edificabilidad deberá ser destinado a vivienda protegida, y también se fomentará la recuperación de suelo urbanizable residencial que ya se encontraba previsto como tal en instrumentos de ordenación no adaptados.

En este caso, el 50 por ciento de la construcción será destinada a vivienda protegida de promoción privada.

Asimismo, el decreto recoge la modificación del Módulo Básico canario, adecuándolo a la realidad actual del mercado y a cada isla. En Gran Canaria y Tenerife se elevará a los 1.905,26 euros/metro cuadrado, y en el caso de La Gomera, La Palma, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura a 2.133,89 euros.

Por último, se amplía el tipo de unidades familiares que pueden acceder a las viviendas protegidas de régimen general, incluyendo a los núcleos que no excedan cinco veces el IPREM -las que no excedan seis veces ese indicador, solo en determinados supuestos-, lo que permitirá que las clases medias también puedan beneficiarse de esa medida.