El Parlamento de Canarias ha exigido al Estado la adopción de un proyecto de ley que permita la participación de la comunidad en la planificación, programación, gestión y en las decisiones sobre el establecimiento de tasas, precios públicos o prestaciones públicas patrimoniales que afecten a los aeropuertos canarios. Este hecho viene precedido de la decisión del Consejo de Ministros de aprobar el aumento de las tarifas de Aena, que entrará en vigor en marzo
En este sentido, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha insistido durante su intervención en el impulso de esta iniciativa, la cual podría ser un acto estratégico y determinante para el desarrollo de Canarias. “Nuestra condición de región ultraperiférica debería ser motivo suficiente para que se nos tenga en cuenta de manera prioritaria en decisiones que afecten a nuestra conectividad”, afirmó.
Asimismo, el consejero lamentó la decisión del Gobierno de España de hacer "caso omiso" a las peticiones de la comunidad para convocar una comisión bilateral. “El artículo 161 de nuestro Estatuto de Autonomía reconoce nuestro derecho de participación en las decisiones que afecten a la planificación, programación y gestión de los aeropuertos canarios; sin embargo, el Gobierno de España no nos ha consultado en ningún momento”, aseveró Rodríguez.







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