Javier Valentín, abogado y vicepresidente de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV), acudió a la Feria Internacional del Turismo (FITUR) con el objetivo de dar representación al sector en "aquellos lugares en los que se muestra el músculo turístico".
En este caso la cita en Madrid es "doblemente importante" porque tal y como indicó el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, una de las cuestiones a tratar será la regulación del alquiler vacacional en Canarias para tratar de equilibrar esta modalidad turística con el acceso a la vivienda.
"Esta modalidad de alojamiento turístico es bastante permeable a la sociedad canaria porque los propietarios suelen ser canarios que tienen una segunda residencia y que los alquilan con fines turísticos", defendió Valentín, que indicó además que el sector está regulado por el decreto 113/2015, por el que se aprueba el Reglamento de las viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
"Tenemos una norma que regula el sector pero el Gobierno Canarias pretende regularlo desde otra perspectiva, establecimiento límites cualitativos y cuantitativos a la actividad de la vivienda vacacional", explicó el experto de ASCAV. "Aún no sabemos las líneas maestras", dijo.
¿Qué demanda ASCAV? "Hemos dicho que no hace falta una nueva Ley, ya la actividad está regulada y son los Ayuntamientos - lo dice el Tribunal Supremo - los que tienen que adecuar la normativa en función de los consistorios y sus necesidades, según los planeamientos urbanísticos", defiende Valentín, que ahondó en la necesidad de anular la prohibición del alquiler vacacional en zonas turísticas. "Inicialmente el decreto prohibía esto pero la Ley ha indicado lo contrario, por lo que a día de hoy no hay una limitación de alquiler vacacional en zona turística", expuso.
El experto habló en la entrevista con este medio sobre las multas a propietarios de apartamentos por residir en ellos. Según varias informaciones hasta ahora han sido seis los propietarios sancionados desde el año 2020 por “infracciones graves”, pero los afectados aseguran que la norma les coloca en una situación de incertidumbre y es por ello por lo que han promovido una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Parlamento de Canarias, que no ha dado tiempo de tramitarse en esta legislatura y será un reto en la próxima.
Según Valentín, en la normativa hay un principio que es el de unidad explotación, y que la norma dice que la totalidad del complejo debe usarse para el uso turístico, en cualquier caso este principio dice que debe haber una sola empresa que gestione esto. La norma afecta sobre todo a la isla de Gran Canaria, donde existe una mayor incidencia de oferta extrahotelera.
"En el sur de la isla hay muchos complejos que no están en disponibilidad de cumplir con este principio, ya sea porque los propietarios no se ponen de acuerdo de cual será la empresa explotadora o porque los mismos propietarios no quieren ceder su alojamiento a nadie. Puedo entener que alguien que recibe de una explotadora 350 euros al mes, prefiere quedárselo para disfrutarlo los fines de semana. Hay que reconsiderar ese principio para que todos tengan cabida", destacó Valentín.
¿Qué hay sobre la polémica de que se ha elevado el precio del alquiler como consecuencia de la vivienda turística porque es más rentable para el propietario?
"Es una falacia absoluta. La vivienda vacacional no es la culpable del encarecimiento en el precio del alquiler. Un ejemplo lo tenemos en Barcelona, donde desde 2017 se han eliminado más de 10.000 viviendas vacacionales, y no ha parado de crecer el alquiler. Si tengo menos viviendas y el alquiler sigue crecimiento en Canarias las viviendas vacacionales solo representan el 4% del parque total de viviendas, y no hay quien se crea que 4 de cada 100 viviendas sean las responsables de este problema".
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