La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, ha anunciado este martes que el borrador de la Ley de Uso Turístico de la Vivienda será llevado al Parlamento regional "a principios de febrero", una vez terminen de responder las 5.078 alegaciones que se presentaron.
De León ha asegurado, durante la presentación en rueda de prensa del informe 'Distribución y concentración del alojamiento turístico en Canarias', que esta normativa tiene el objetivo, una vez vistas las conclusiones del documento, de "regular que la convivencia entre el sector turístico y el residencial se pueda dar y que no existan más zonas tensionadas por falta de vivienda".
Con este informe, y tras responder a las 5.078 alegaciones que se presentaron en el proceso de consulta pública -lo que se prevé a finales de enero-, la Consejería tendrá preparado un borrador que podrá iniciar el trámite parlamentario a principios de febrero.
"Estamos ante el inicio de la modificación del bloque normativo, hemos empezado por la Ley de Uso Turístico de la Vivienda y seguiremos con la Ley de Ordenación del 95, que empezaremos también a mediados de año", ha explicado la consejera, quien ha insistido en que se intenta "regular la Canarias de futuro".
Con la ley de Uso Turístico se pretende "ordenar y reconocer que la vivienda vacacional es una actividad turística y que, por tanto, tiene que tener regulación, no solamente en la cantidad, sino también en la calidad de los estándares que se le van a asociar en el futuro".
En base al informe presentado este martes, se podrá regular en la normativa para evitar que haya más zonas tensionadas en el archipiélago y que aquellas donde se está produciendo una "convivencia pacífica" entre residentes y turistas puedan dejar de serlo, ha aclarado de León.
Y ha añadido que la norma "va a tener dos cuestiones" fundamentales: "Primero, va a tener mucha transitoriedad, es decir, aquellas viviendas que en el día de hoy por las exigencias que vamos a marcar, no cumplan, tendrán un periodo transitorio de adaptación. Y luego, no tendría ningún sentido que una vivienda que queda fuera de la ordenación se siga comercializando".
En ese sentido, el Gobierno tratará de integrar a las plataformas donde se comercializan estas viviendas vacacionales para que puedan "chequear, antes de dar de alta una vivienda, que está efectivamente legalizada por la comunidad autónoma".
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