El reciente no de los ciudadanos y las ciudadanas de Irlanda al Tratado de Lisboa ha puesto una vez más sobre la mesa las enormes dificultades de la construcción europea, sus avances, frenazos y retrocesos. Ya lo habíamos vivido con la fallida Constitución Europea, aparcada tras el rechazo de los referéndums realizados en Holanda y Francia, aunque en Canarias y España es cierto que logró un amplio apoyo -aunque con baja participación electoral- en la consulta popular celebrada.
Ahora, el nuevo Tratado de Lisboa, mucho menos ambicioso, también pasa por un momento muy delicado, que puede serlo aún más si algún Parlamento de los que aún quedan por ratificarlo, como el checo, repite el rechazo irlandés. España también está pendiente de que su Parlamento lo vote, pero en este caso parece existir un amplio consenso sobre el mismo entre las fuerzas políticas mayoritarias.
Sorprende, como no, que un estado que ha sido importante receptor de ayudas europeas, lo que le ha permitido elevar notablemente su riqueza y la calidad de vida de su gente, no comparta la actual propuesta de edificación europea. Y en ello se mezclan desde los temores irlandeses a una mayor pérdida de soberanía en favor de los centros de decisión de Bruselas hasta las dudas sobre el mantenimiento de un modelo de derechos sociales que suscitan planteamientos como la propuesta de ampliación de la jornada laboral hasta las 65 horas, pasando por asuntos como la directiva sobre inmigración o la rápida y escasamente asimilada ampliación a 27 estados.
Bienestar
La Europa de los 27 es todavía mucho más compleja y es difícil armonizar los intereses de los distintos estados; y se corre el riesgo de que los sueños europeos queden frustrados y limitados a la existencia de un gran mercado común, y que seamos incapaces de articular una política exterior y de revitalizar los valores de la democracia y del Estado de Bienestar.
Lo prueba el tortuoso camino que está suponiendo la aprobación de este tratado de mínimos, que contiene, sin duda, elementos positivos, entre otros el que se establezca un presidente del Consejo Europeo durante dos años y medio, renovables, en lugar de la vigente rotación semestral; o que se incremente el peso de la política exterior común potenciando la figura del Alto Representante que asumirá al mismo tiempo la vicepresidencia de la Comisión; o, en fin, el que se reduzcan las materias sobre las que hay derecho de veto por parte de los estados.
Y nos queda, además, el interrogante de qué hubiese pasado si el resto de los estados hubieran llevado a cabo consultas populares para su aprobación. Porque es poco probable que ese 'euroescepticismo' sea exclusivo de Irlanda.
Canarias
Canarias no es ajena a los actuales debates, a las presentes incertidumbres. Hay que recordar que la posición de nuestro Archipiélago sale muy fortalecida con el Tratado de Lisboa, consolidándose y mejorándose nuestro estatuto específico.
Y lo es, en primer lugar, porque el vigente artículo 299.2 se recoge en el nuevo Tratado y es lo que va a permitir seguir aplicando a Canarias y al resto de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) medidas especiales, en el marco de las políticas comunes, en transporte, agricultura, pesca, investigación, nuevas tecnologías, etcétera, para que se puedan paliar las desventajas estructurales derivadas, entre otros aspectos, de la lejanía e insularidad
Además, el tratado incluye un nuevo artículo que ya contenía el proyecto de Constitución Europea (artículo 167), que autoriza la concesión de ayudas públicas de Estado a Canarias de forma indefinida, no decrecientes e independiente de su nivel de renta.
Como se recordará, estas ayudas estaban restringidas a aquellas regiones cuyo nivel de renta era inferior al 75% de la media comunitaria, pero ahora se amplían a las RUP, beneficiando particularmente a Canarias que ya supera ese umbral de renta. Recordemos que todos los incentivos del Régimen Económico Fiscal de Canarias (REF), tales como la Reserva de Inversiones para Canarias (RIC) y la Zona Especial Canaria (ZEC) tienen ese carácter de ayuda de Estado.
Futuro
El Tratado de Lisboa debería entrar en vigor el 1 de enero de 2009, una vez ratificado por todos los estados miembros, la mayoría de los cuales lo harán por la vía parlamentaria. Tras el no irlandés surge un mar de dudas, lo que ha hecho que el Consejo Europeo de esta semana modifique substancialmente su agenda por el No irlandés. La pregunta es si se continúa con el Tratado de Lisboa o se entierra como ocurrió con la más ambiciosa Constitución.
Las declaraciones de distintos líderes europeos tratan de quitar dramatismo y plantean la búsqueda de fórmulas que permitan seguir adelante pese al tropiezo del refrendo irlandés. Tras las mismas se atisban los niveles de desacuerdo sobre cómo afrontar la situación y, también, la ausencia de liderazgos europeístas fuertes en Europa. Asimismo, es visible la escasa autocrítica frente al actual desafecto ciudadano hacia la construcción europea. Habría que reflexionar sobre cómo se está abordando la construcción europea y por qué los hombres y mujeres de diversos estados han mostrado su disconformidad con el actual proceso. Salvo que se opte por el despotismo de una Europa construida a espaldas de sus distintos pueblos. Sería el sello de su definitiva debilidad y fracaso.
Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias.








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