El consejo insiste en la autorización de Patrimonio
La Delegación del Gobierno en Canarias confirmó este miércoles que la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) cuenta con la autorización del Gobierno Autónomo para las obras de construcción de la segunda cárcel de Gran Canaria, cuyos terrenos le serán cedidos.
"La Dirección General de Patrimonio y Contratación del Gobierno de Canarias ha iniciado el procedimiento adecuado para la enajenación de dicha parcela a la citada SIEP", destaca en un comunicado la Delegación del Gobierno, que sale así al paso de quienes han insistido en el rechazo a la construcción de esa cárcel en Juan Grande, en San Bartolomé de Tirajana.
Un rechazo que hicieron patente ayer vecinos del lugar que obstaculizaron la reanudación de los trabajos y que contó en otro momento con el respaldo del Gobierno de Canarias, que promovió la paralización de las obras preparatorias de la construcción del nuevo centro penitenciario, pero que las ha autorizado, sin embargo, ahora.
A ese respecto, el texto señala que "el día 29 de mayo de 2008, La Consejería de Economía y Hacienda de Gobierno de Canarias acuerda, mediante la correspondiente Orden Departamental (comunicada a SIEP el pasado 2 de junio), autorizar a la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios el uso de la parcela de terreno ubicada en los Llanos de Juan Grande".
Autorización que precisa se concede "para llevar a cabo las actuaciones preparatorias y estudio de idoneidad de la parcela para las instalaciones penitenciarias que prevé ubicar en el citado lugar".
La Delegación del Gobierno recalca, por otra parte, que esa autorización se produce después de que, en diciembre de 2005, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias aprobó la implantación de la referida nueva cárcel de Gran Canaria en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, y, a tal fin, SIEP solicitó al Gobierno de Canarias el uso de los terrenos afectados por el proyecto.
Proyecto que destaca ha sido impulsado "con el objeto de poder disponer de unas instalaciones más modernas y solucionar los problemas de masificación que tiene el actual establecimiento penitenciario de Gran Canaria".
Sobre la finca afectada por las obras, señala que fue adquirida por la Comunidad Autónoma en 1988 y que, "toda vez que la misma no resulta ya necesaria ni viable para el fin público para el fue adquirida, la Dirección General de Patrimonio y Contratación del Gobierno de Canarias ha iniciado el procedimiento adecuado para la enajenación de dicha parcela a la citada SIEP".
El consejo insiste en la autorización de Patrimonio
En referencia al comunicado emitido por la Delagación de Gobierno, el Consejo de Vecinos reiteran los expuesto en el documento de autorización de la Dirección General de Patrimonio.
En el mismo, Patrimonio concede autorización a la SIEP para "realizar actuaciones preparatorias y de estudio de idoneidad para instalaciones penitenciarias" con la condición de "solicitar y obtener los permisos, autorizaciones y licencias que fueran necesarios para las actividades que realice" y sin que la "SIEP pueda subrogar la presente autorización a terceras personas".
El Consejo cree que se incumple las normas de cesión porque: los trabajos que se han hecho no corresponden a estudios, no hay ningún tipo de permiso de obras, y la SIEP ha subrogado en la empresa Hermanos Tito la realización de los trabajos.
Según los vecinos, aunque la SIEP tuviera la propiedad del terreno aún sería necesario que estuviera aprobado el Plan Territorial de Infraestructuras Penitenciarias de Canarias donde se fija el lugar donde debe ir la Cárcel, al cual la COTMAC del Gobierno de Canarias debe dar su visto bueno.
Por las informaciones que maneja el Consejo, el Gobierno de Canarias cree al igual que los vecinos, que se han cometido muchas irregularidades al elegir Juan Grande como el lugar más idóneo para ubicar la Cárcel y según la opinión de muchos técnicos el lugar más indicado es en Los Corralillos en Agüimes.
El Consejo está pendiente de la aprobación o no del Plan Territorial para denunciarlo en el Juzgado por estas irregularidades, que "creemos fueron hechas de forma amañada para imponer Juan Grande".
Aún así y después de esto, el Gobierno Central podría imponer la Carcel en Juan Grande por medio de su aprobación en el Consejo de Ministros, pero tendría que ser por orden expresa de dicho Consejo de Ministros, por ser según ellos una obra de Interés General.
En este caso, los vecinos advierten que recurrirían al Tribunal Constitucional, al entender que si es interés general la nueva prisión porque Salto del Negro está masificado, también es interés general la preservación del turismo, la reserva agraria estratégica, los espacios naturales protegidos, etc.
También consideran que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana tiene potestad para parar las obras, puesto que estas carecen de permiso y si bien la competencias están cedidas a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias, estás competencias pueden ser recuperadas para este caso concreto, por medio de un pleno.
Por su parte, la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, María del Pino Torres, reiteró que no está de acuerdo con la instalación de la marco cárcel en el municipio, no obstante advirtió que no puede paralizar las obras porque las competencias las tiene el Gobierno de Canarias. Por otra parte, dijo desconocer donde se ubicará la planta regasificadora y aprovechó para rechazar su instalación en tierra o mar adentro.
"La Dirección General de Patrimonio y Contratación del Gobierno de Canarias ha iniciado el procedimiento adecuado para la enajenación de dicha parcela a la citada SIEP", destaca en un comunicado la Delegación del Gobierno, que sale así al paso de quienes han insistido en el rechazo a la construcción de esa cárcel en Juan Grande, en San Bartolomé de Tirajana.
Un rechazo que hicieron patente ayer vecinos del lugar que obstaculizaron la reanudación de los trabajos y que contó en otro momento con el respaldo del Gobierno de Canarias, que promovió la paralización de las obras preparatorias de la construcción del nuevo centro penitenciario, pero que las ha autorizado, sin embargo, ahora.
A ese respecto, el texto señala que "el día 29 de mayo de 2008, La Consejería de Economía y Hacienda de Gobierno de Canarias acuerda, mediante la correspondiente Orden Departamental (comunicada a SIEP el pasado 2 de junio), autorizar a la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios el uso de la parcela de terreno ubicada en los Llanos de Juan Grande".
Autorización que precisa se concede "para llevar a cabo las actuaciones preparatorias y estudio de idoneidad de la parcela para las instalaciones penitenciarias que prevé ubicar en el citado lugar".
La Delegación del Gobierno recalca, por otra parte, que esa autorización se produce después de que, en diciembre de 2005, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias aprobó la implantación de la referida nueva cárcel de Gran Canaria en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, y, a tal fin, SIEP solicitó al Gobierno de Canarias el uso de los terrenos afectados por el proyecto.
Proyecto que destaca ha sido impulsado "con el objeto de poder disponer de unas instalaciones más modernas y solucionar los problemas de masificación que tiene el actual establecimiento penitenciario de Gran Canaria".
Sobre la finca afectada por las obras, señala que fue adquirida por la Comunidad Autónoma en 1988 y que, "toda vez que la misma no resulta ya necesaria ni viable para el fin público para el fue adquirida, la Dirección General de Patrimonio y Contratación del Gobierno de Canarias ha iniciado el procedimiento adecuado para la enajenación de dicha parcela a la citada SIEP".
El consejo insiste en la autorización de Patrimonio
En referencia al comunicado emitido por la Delagación de Gobierno, el Consejo de Vecinos reiteran los expuesto en el documento de autorización de la Dirección General de Patrimonio.
En el mismo, Patrimonio concede autorización a la SIEP para "realizar actuaciones preparatorias y de estudio de idoneidad para instalaciones penitenciarias" con la condición de "solicitar y obtener los permisos, autorizaciones y licencias que fueran necesarios para las actividades que realice" y sin que la "SIEP pueda subrogar la presente autorización a terceras personas".
El Consejo cree que se incumple las normas de cesión porque: los trabajos que se han hecho no corresponden a estudios, no hay ningún tipo de permiso de obras, y la SIEP ha subrogado en la empresa Hermanos Tito la realización de los trabajos.
Según los vecinos, aunque la SIEP tuviera la propiedad del terreno aún sería necesario que estuviera aprobado el Plan Territorial de Infraestructuras Penitenciarias de Canarias donde se fija el lugar donde debe ir la Cárcel, al cual la COTMAC del Gobierno de Canarias debe dar su visto bueno.
Por las informaciones que maneja el Consejo, el Gobierno de Canarias cree al igual que los vecinos, que se han cometido muchas irregularidades al elegir Juan Grande como el lugar más idóneo para ubicar la Cárcel y según la opinión de muchos técnicos el lugar más indicado es en Los Corralillos en Agüimes.
El Consejo está pendiente de la aprobación o no del Plan Territorial para denunciarlo en el Juzgado por estas irregularidades, que "creemos fueron hechas de forma amañada para imponer Juan Grande".
Aún así y después de esto, el Gobierno Central podría imponer la Carcel en Juan Grande por medio de su aprobación en el Consejo de Ministros, pero tendría que ser por orden expresa de dicho Consejo de Ministros, por ser según ellos una obra de Interés General.
En este caso, los vecinos advierten que recurrirían al Tribunal Constitucional, al entender que si es interés general la nueva prisión porque Salto del Negro está masificado, también es interés general la preservación del turismo, la reserva agraria estratégica, los espacios naturales protegidos, etc.
También consideran que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana tiene potestad para parar las obras, puesto que estas carecen de permiso y si bien la competencias están cedidas a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias, estás competencias pueden ser recuperadas para este caso concreto, por medio de un pleno.
Por su parte, la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, María del Pino Torres, reiteró que no está de acuerdo con la instalación de la marco cárcel en el municipio, no obstante advirtió que no puede paralizar las obras porque las competencias las tiene el Gobierno de Canarias. Por otra parte, dijo desconocer donde se ubicará la planta regasificadora y aprovechó para rechazar su instalación en tierra o mar adentro.
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