CC exige declarar de urgencia social la situación de desamparo de las personas con discapacidad mayores de 21 años

La consejera y portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria, Vidina Cabrera, ha urgido a la Corporación insular a declarar la situación de desamparo que experimentan las personas con discapacidad mayores de 21 años y excluidas del sistema educativo como una emergencia social.

Este llamado se hizo durante una reunión en la que participaron Ruth Santana, portavoz de la plataforma "¿Y ahora, qué hacemos?", y María Fernández, secretaria de organización de Coalición Canaria en Gran Canaria.

Cabrera ha destacado la necesidad de actuar de inmediato, ya que estas personas experimentan un retroceso en su desarrollo personal, emocional, educativo y social después de cumplir 21 años si no obtienen una plaza en centros ocupacionales.

Según los datos proporcionados por la consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, alrededor de 250 personas están en lista de espera para acceder a una plaza sociosanitaria. Esto se debe al crecimiento constante del número de jóvenes que cumplen 21 años sin recibir respuesta o cobertura adecuada por parte de la administración.

Asimismo, Cabrera ha exigido una mejor planificación de las plazas necesarias para quienes quedan fuera del sistema y ha criticado la derivación de estas personas a centros de día en lugar de centros ocupacionales, a pesar de que los informes indican lo contrario. 

Por otro lado, María Fernández ha llamado a un pacto social interadministrativo para abordar esta urgencia social y ha propuesto ampliar la edad de educación como medida temporal. También ha instado al Cabildo de Gran Canaria a utilizar los recursos disponibles, incluyendo la concertación de plazas con el tercer sector y la creación de nuevas plazas, para resolver la crisis.

En este sentido, Ruth Santana ha insistido en la necesidad de reconocer esta situación como una "emergencia social" y ha denunciado la falta de plazas, la demora en la asignación de recursos y la falta de comunicación entre las instituciones, calificando la situación como insostenible y perjudicial, especialmente para las personas con problemas de salud mental.