Las protectoras temen que aumente el abandono de animales por las exigencias de la ley

La Federación Canaria de Asociaciones Protectoras de Animales y Plantas opina que es pronto para atribuir un aumento en el abandono de animales a la entrada en vigor de la ley de Bienestar Animal pero alberga dudas al respecto, sobre todo por las exigencias económicas que algunos propietarios no podrán afrontar.

Adriana Naranjo, presidenta de la Federación, que es la entidad que gestiona el albergue comarcal de Valle Colino en Tenerife, ha indicado en declaraciones a EFE que no todos los abandonos que se están produciendo estos días están relacionados con la ley, pues también hay cazadores que entregan sus perros porque son viejos o no les sirven para dicha práctica.

Aún es pronto para saber si va a haber un incremento en el número de animales abandonados, ha insistido Adriana Naranjo, pero sí surgen dudas de que pueda haberlo por circunstancias como la obligación de atender los tratamientos veterinarios y las intervenciones quirúrgicas que algunos propietarios no se podrán permitir.

"Hay muchísimas circunstancias por las que a una persona se le puede hacer cuesta arriba un tratamiento veterinario, como un pensionista con una pensión mínima o alguien que esté en el paro y esto puede causar que deje al animal en algún sitio y se tenga que hacer cargo el albergue", ha señalado.

Y en el caso de Valle Colino se trata de un sitio que está siempre "en tensión, sobrepasado", porque aunque los ayuntamientos sufragan una parte de los gastos que se generan para el resto de necesidades "tenemos que buscarnos la vida y la situación se nos pone muy cuesta arriba".

Entre otros motivos porque también la ley que entró en vigor el pasado 29 de septiembre prohíbe a los albergues cobrar por las adopciones "y tenemos que depender de la buena voluntad de la gente para donativos con los que afrontar los gastos".

Hasta ahora en Valle Colino se cobraban unos 53 euros por adopción, un precio "simbólico" pues se entregaba un animal con la cartilla, esterilizado, vacunado e identificado y no era un pago obligatorio, pero sí servía de "filtro" para indicar quién tenía voluntad de poder afrontar unos gastos derivados de una posible enfermedad del animal, por ejemplo.

Ahora habrá que hacer "encaje de bolillos", afirma Adriana Naranjo, quien desde 2016 mantiene reuniones con el Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos del área metropolitana para ampliar el albergue y adaptarlo a las necesidades, pues no hay zona para gatos domésticos (si por ejemplo fallece el propietario del animal) ni áreas de cuarentena.

"El colmo de los males es que el albergue se está cayendo, según un informe técnico del Ayuntamiento de La Laguna que ve urgente que salgamos de allí", y mientras se busca un espacio adecuado "seguimos en la miseria".

Volviendo a la ley de Protección y Bienestar Animal, considera Adriana Naranjo que tiene "luces y sombras" y entre las primeras cita las medidas para prevenir el abandono y el maltrato.

Entre las sombras señala el que se ha dejado fuera de la norma a los perros de los cazadores entre los que, añade, hay quienes tratan a sus canes "mejor que nadie" pero también hay quienes tienen 15 o 20 perros en un barranco o en un habitáculo sucio y atados para que no se peleen.

También es positivo el que se haya puesto coto a la práctica de "explotar" a las hembras para que tengan camada tras camada de perros para venderlos pero, por el contrario, "se han pasado" con las multas por dejar el perrito atado fuera de un establecimiento, algo que no es recomendable pero para lo que en todo caso la Policía Local debería aplicar la norma "con cierta sensibilidad porque hay casos y casos".

La presidenta de la Federación Canaria de Asociaciones Protectoras de Animales y Plantas puntualiza también que lo optimista de la situación es que al año se siguen adoptando más de mil animales y gracias a eso no se colapsa el albergue "y podemos desarrollar la actividad con cierta normalidad".