El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez (CC), ha afirmado este viernes que la cementera Ceisa tiene derecho a defender los derechos que considere que le asisten, pero ha insistido en que la concesión que le permitía utilizar el puerto de Santa Águeda, en Arguineguín, venció en octubre de 2022.
En declaraciones a los periodistas, Rodríguez ha explicado que no existe en el título de esa concesión ninguna otra vinculación distinta a la portuaria, por lo que conforme al Plan de Ordenación Insular de Gran Canaria, una vez finalizada, el puerto pasaba a ser de uso turístico deportivo y dejaba de ser industrial.
El consejero ha manifestado que lo que le sorprende es que ni la empresa ni los trabajadores y los que apoyan la continuidad del uso del puerto por la cementera no se opusieran al Plan Insular en diciembre del pasado año, cuando se aprobó su revisión, ni en 2002, cuando se aprobó por primera vez.
Cada uno puede luchar por sus intereses, pero su obligación como consejero es defender el interés general, ha añadido.
Así mismo, ha indicado que en el último Consejo de Gobierno de Canarias se ratificó a los miembros del consejo de administración de Puertos de Las Palmas y que se trabaja en el orden del día para celebrar su primera reunión en la que se abordará el asunto del puerto de Santa Águeda.
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