El juez archiva otra denuncia contra Onalia Bueno por presunta desobediencia a la Guardia Civil

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana ha ordenado el archivo de la investigación abierta contra la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y el edil Mencey Navarro por la comisión de un supuesto delito de desobediencia al ordenar a una funcionaria que bloqueara un acceso remoto de la Guardia Civil a los servidores del Consistorio, abierto tras un registro desarrollado en las oficinas municipales.

Según afirma el magistrado Rodrigo Álvarez Riquelme en el auto de sobreseimiento de esta causa, “de las diligencias practicadas no consta que los investigados incurrieran en conducta reprochable penalmente”.

En su auto, el magistrado es contundente al señalar que de lo actuado “no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, por cuanto de las diligencias practicadas no consta que los investigados incurrieran en conducta reprochable penalmente” y deja entrever que la conexión remota de los investigadores a los servidores municipales –que les permitía el acceso a todos los expedientes del Consistorio y no solo a los relacionados con la investigación– no habría estado amparada por la orden de entrada y registro de las oficinas municipales, toda vez que “pudiera pasar que el acceso remoto no formaba parte de la entrada y registro, error perfectamente comprensible derivado de la lectura de la resolución judicial de fecha 16 de septiembre de 2020”. 

En esta nueva pieza archivada se investigaba si la alcaldesa de Mogán obstaculizó la labor del equipo de la Guardia Civil que investigaba una supuesta compra de votos en las elecciones municipales de 2015 y 2019 –una causa también archivada desde marzo de 2022– al ordenar que se retirara el acceso remoto que mantenían los agentes a los servidores del Consistorio, dos semanas después de que este fuera habilitado.

Sin embargo, el magistrado considera que ni la alcaldesa ni el edil Mencey Navarro obstaculizaron la investigación, ya que “no tenían conocimiento de que se había instalado un acceso remoto y cuando fueron asesorados por abogados, restablecieron el acceso”, sostiene el juez en un auto dictado la pasada semana. 

El magistrado considera que ni la alcaldesa ni el edil Mencey Navarro obstaculizaron la investigación, ya que “no tenían conocimiento de que se había instalado un acceso remoto y cuando fueron asesorados por abogados, restablecieron el acceso”

Este acceso remoto fue habilitado tras la orden de entrada y registro en las oficinas municipales ejecutada el 17 de septiembre de 2020. Ante la imposibilidad de exportar la documentación alojada en los servidores a discos duros externos o de intervenir físicamente los equipos, la Guardia Civil optó por obtener un acceso remoto para poder analizar la información, una posibilidad que no estaba expresamente recogida en la orden dictada por el juez en contra del criterio de la Fiscalía. De hecho, lo habitual es que una actuación de este tipo se acuerde en una resolución específica dictada a tal efecto, según indican fuentes jurídicas consultadas.

Según indica el magistrado, se entendería que “el acceso remoto no formaba parte de la entrada y registro” ordenada inicialmente, por lo que su adopción habría quedado fuera del amparo de esa resolución, si bien luego matiza esta apreciación definiéndola como un “error” que califica como “perfectamente comprensible derivado de la lectura de la resolución judicial de fecha 16 de septiembre de 2020”, en la que se ordenaba la entrada y registro de las dependencias municipales y en la que no figuraba la adopción expresa de esta medida.

El magistrado es contundente al señalar que de lo actuado “no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa”

“Por lo tanto, entiende este instructor que no procede continuar con las actuaciones por entender que ya se han practicado todas las diligencias necesarias”, señala el magistrado antes de ordenar el archivo de las actuaciones, derivadas de una denuncia presentada por la entonces edil de Nueva Canarias en Mogán, Isabel Santiago, y a la que se adhirió también la Fiscalía, que pedía además el volcado de los teléfonos móviles de Onalia Bueno y Mencey Navarro, así como de la jefa de informática del Ayuntamiento de Mogán, una actuación que, de nuevo el magistrado considera innecesaria al entender que no se aprecia indicio de delito alguno en la actuación de Bueno y Navarro.