Así fue la conspiración de Isabel Santiago y su marido contra Onalia Bueno

Una conspiración de la exconcejala de Nueva Canarias (NC) en Mogán Isabel Santiago y su pareja, Juan Manuel Gabella, estaría presuntamente detrás de las denuncias contra la alcaldesa, Onalia Bueno, por una supuesta trama de compra de votos en las elecciones municipales de 2015. Santiago, según afirma el responsable del Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción, contactó con ellos y les facilitó documentación que presuntamente incriminaba al partido de Bueno para que lo denunciaran ante el juzgado y perjudicar así a la alcaldesa.

Con esta actuación, que denuncia el entonces coordinador general del Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción, José Manuel Sánchez Fornet, Santiago habría buscado que se reabriera la investigación, en aquel momento sobreseída de forma provisional –y archivada de forma definitiva desde marzo del pasado año al no apreciarse la comisión de delito alguno– para, presuntamente, sacar réditos políticos atacando a Bueno y su equipo de encontrarse investigados por la Justicia.

El actual edil de NC en Mogán Juan Manuel Gabella, y pareja de Isabel Santiago, durante una intervención como director Insular de Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria.

Sin embargo, y a pesar de poseer documentación, audios y vídeos que, supuestamente, probarían la existencia de la trama que se atribuye a la formación de Onalia Bueno –y que finalmente resultaron ser hechos que carecían de trascendencia penal alguna, como corroboró el juez en el archivo de la causa–, Isabel Santiago nunca acudió directamente al juzgado con ellas, sino que prefirió hacerlo a través de organizaciones o personas interpuestas a las que tanto ella como su pareja habrían facilitado esa información e, incluso, se habrían comprometido a sufragar los gastos derivados de su participación en los procesos judiciales, una actitud que Sánchez Fornet no considera "muy limpia".

Como prueba de este tipo de actividades, José Manuel Sánchez Fornet afirma que Isabel Santiago le habría remitido “varios informes” sobre la presunta trama corrupta y le habría pedido que los aportara ante el juzgado. A cambio, asegura, la exedil correría con los gastos de representación jurídica del Observatorio, que no tenía presencia en Canarias. Una colaboración que duró poco, ya que Sánchez Fornet recelaba del hecho de que Santiago no presentara ella misma la documentación ante el Juzgado.

Según el relato de Sánchez Fornet, inicialmente no le extrañó que Santiago se dirigiera a ellos, puesto que, desde su fundación en 2014, el Observatorio “recibía muchas denuncias de distintos lugares y distintas prácticas presuntamente corruptas”. Una de ellas fue la de la supuesta compra de votos de Mogán, que les fue remitida por “una concejal de Mogán, que estaba casada con un cargo público”, en referencia a la entonces edil de Nueva Canarias Isabel Santiago y a Juan Manuel Gabella, en aquel momento director Insular de Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria y en la actualidad concejal de esa misma formación en el Consistorio de Mogán.

El exresponsable de la asociación insiste varias veces en que le extrañó que Santiago no formulara la denuncia ella misma, “no sé por qué ella no hacía la denuncia directamente, pero supongo que era por motivos de índole política o por su marido, que tenía un cargo”. Las dudas de Sánchez Fornet apuntarían hacia una posible motivación oculta de la exedil y su pareja que, presuntamente buscarían acabar con la carrera política de Bueno para abrirse paso en el Consistorio, tal y como han afirmaron en su momento algunos testigos en la causa ya archivada. “No entendí nunca por qué ella no hacía esa denuncia directamente. No entendí por qué necesitaba al Observatorio”, sostiene. Una desconfianza que, unida al incumplimiento de los compromisos a los que, asegura, habían llegado con ellos, hizo que su presencia en el procedimiento fuera breve.

El caso, asegura, es que “nos fueron mandando papeles e informes” que “se mandaron a los tribunales”. A cambio de esa colaboración, Sánchez Fornet sostiene que Isabel Santiago y Juan Manuel Gabella se habrían comprometido a sufragar los gastos de la representación legal del Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción en el procedimiento, compromiso que no tardaron en incumplir. “Ellos se comprometieron, lógicamente, a correr con todos los gastos. El abogado, que no sé ni quién era, y el procurador”, si bien señala que nunca conoció ni a uno ni a otro.

Así, en en febrero de 2016, Sánchez Fornet, como responsable del Observatorio, remitió un escrito a la Delegación del Gobierno y, dos meses más tarde, dirigió otro al Juzgado de Instrucción Número 3 de San Bartolomé de Tirajana, en el que solicitaba la reapertura de la investigación. El escrito se acompañaba de un ‘pendrive’ –aportado por Santiago, según indica Sánchez Fornet– que contenía un archivo de audio con una conversación en la que supuestamente se hablaba de la compra de votos, así como un vídeo en el que se mostraría cómo se habría presionado a una persona con discapacidad para que votase al partido de la alcaldesa.

Según el escrito, esa grabación aportaría “pruebas irrefutables” sobre la puesta en marcha de la presunta trama de compra de votos. Sin embargo, el excoordinador del Observatorio asegura que nunca llegó a ver la documentación que se remitió en su nombre al juzgado. A nosotros “nos mandaron algún informe”, pero “los documentos los aportaban ellos directamente al abogado, que era de Canarias”, relata, como un ejemplo más del oscurantismo en el que se movía la edil de Nueva Canarias en este asunto. “Yo ni llegué a conocer nunca al abogado”, señala Sánchez Fornet, antes de aclarar que la organización no contaba con representantes en el Archipiélago. Isabel Santiago “fue la que nos facilitó los datos; nos hizo un informe y a partir de ahí dijimos bueno”, adelante.

No obstante, la relación comenzó a torcerse al poco tiempo. “Fue cuando llegó una minuta de la procuradora de 120 o 130 euros. Yo se la mandé a esta señora [en referencia a Isabel Santiago] y pasó una semana y no decía nada. Luego pasó un mes y no decía nada. Me volvieron a remitir la factura y entonces entendí que no cumplían el compromiso. La pagué de mi bolsillo”, asegura Sánchez Fornet, que no oculta el malestar que, aún hoy, le provoca la situación. 

Al día siguiente, afirma, “me llamó su marido”, pero no le atendió la llamada. “Le dije que cumplieran lo que habían dicho y que pagara la factura. Me reintegró el dinero –reconoce–, pero con eso ya fue suficiente”. “Si alguien se compromete a hacer una cosa y no la hace, y más sabiendo que está interesada en un tema de corrupción, pues a mí me hizo pensar”, reflexiona. “Yo no sé si la alcaldesa había cometido o no una ilegalidad, pero desde luego las intenciones de esta señora no parecían muy limpias. Y a partir de ahí cortamos la relación”, sentencia.

Sánchez Fornet muestra también su extrañeza por haber recibido directamente la factura de la procuradora y no a través del abogado. “Eso también era muy raro”, señala. En cualquier caso, insiste en que esa situación le generó ciertas sospechas sobre la motivación de Santiago y Gabella en la causa, por lo que decidió retirarse del asunto. “Su proceder me pareció que no era serio, que no me merecía confianza y a partir de ahí se acabó”, zanja, en alusión a posibles motivaciones ocultas de ambos en su interés por mantener viva la causa contra Bueno.

Tras la retirada del Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción, Juan Manuel Gabella presuntamente habría instado la creación de una organización similar, la Asociación por la Regeneración Democrática y Acción Social, y su personación como denunciante en la causa, según afirmó el responsable de la misma, José Luis Curros, en su declaración ante el juez que instruía el procedimiento, ya archivado. El objetivo de Gabella, señaló entonces Curros, era además “nacionalizar” el asunto, por lo que le habría incitado a aparecer en medios de comunicación “para hacer presión” mediática con el objetivo de perjudicar políticamente a Onalia Bueno y lograr la entrada de su formación, Nueva Canarias, en el gobierno municipal, según afirmó Curros en sede judicial.

Sin embargo, José Manuel Sánchez Fornet asegura que durante la intervención del Observatorio en la causa se “cuidaron mucho de no filtrarlo a ningún medio de comunicación, porque nosotros no somos partidarios de que se utilicen las denuncias con esos fines” políticos, señala, una actitud que sería precisamente la opuesta a la que habría buscado el actual edil de Nueva Canarias en Mogán, de acuerdo con la declaración de José Luis Curros, quien indicó que era el propio Gabella quien le organizaba encuentros con medios de comunicación nacionales para que aireara la supuesta trama de compra de votos.

De la misma forma, Gabella habría supuestamente intentado también que una asociación de defensa de los derechos de personas LGTBI+ se personara como acusación particular en la causa, para lo que no solo se habría ofrecido a “poner en contacto” a los responsables de esa ONG con el sargento de la Guardia Civil que dirigía la investigación, sino que también se habría comprometido a obtener el dinero necesario para pagar al abogado que los representara. Todo ello, de nuevo con el objetivo de obtener así más publicidad para la causa, dada la notoriedad de la persona responsable de la organización. Un modus operandi que coincidiría con el denunciado por José Manuel Sánchez Fornet y corroborado por la declaración de Curros, si bien en este último caso la personación de la ONG en la causa no llegó a materializarse.