Volcán Cumbre Vieja urge al Gobierno canario a aprobar decretos ley para la reconstrucción residencial y agrícola

La Asociación Social Volcán Cumbre Vieja insta al nuevo Gobierno canario a aprobar decretos ley consensuados para la reconstrucción residencial y agrícola. Este colectivo de afectados por la erupción de 2021 recuerda que los borradores de los decretos ley, realizados por el Gobierno canario anterior, reflejan las demandas de la población damnificada y su aprobación no debe demorarse.

La Asociación solicita al nuevo Gobierno que continúe sin retraso la tramitación final de los decretos ley, para avanzar en la reconstrucción de viviendas y zonas agrícolas devastadas por la erupción volcánica de 2021, incluyendo las plantaciones de plátanos. 

Así pues, el colectivo se ha congratulado del compromiso expresado por el nuevo presidente del Gobierno canario en su discurso de investidura respecto a la recuperación socioeconómica de los afectados por el volcán, y confía en que los borradores finales de los decretos ley sean aprobados cuanto antes.

En el último borrador del decreto ley para la normalidad residencial, entregado recientemente por el consejero en funciones de Transición Ecológica y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, se incluyen medidas favorables demandadas por los colectivos de afectados.

Estas medidas permiten a los propietarios vender sus propiedades destruidas por el volcán a la Administración por su valor de mercado previo a la erupción, o intercambiarlas por una parcela urbanizada en los nuevos terrenos destinados a la reposición de las viviendas sepultadas por la lava, de manera voluntaria.

De manera similar, el borrador del decreto ley agrícola, elaborado durante el mandato de Alicia Vanoostende como titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, contempla una reordenación de los terrenos cubiertos por la colada volcánica a través de una reparcelación.

Además, prevé la reconstrucción de las fincas agrarias con inversión pública, para ser entregadas posteriormente a los agricultores afectados y permitirles reanudar su cultivo.

Asimismo, a los propietarios de terrenos agrícolas en los bordes de las coladas se les permite reconstruirlos por iniciativa propia, con la correspondiente modificación de la zona de exclusión. También se establece la posibilidad de indemnización económica para los agricultores que decidan no continuar con sus explotaciones.

Cabe destacar que tanto la reconstrucción de viviendas como la de fincas agrícolas se gestionarán a través de la Agencia de Gestión de la Normalidad en la isla de La Palma (AGESNORM). En su Consejo General, los representantes de la población y los sectores afectados tendrán el 50% del poder de decisión, mientras que el otro 50% corresponderá a las Administraciones Públicas.