Manipulación y conspiración política en Mogán

El caso de presunta compra de votos en el municipio de Mogán, en Gran Canaria, ha dado un giro sorprendente. Lo que parecía ser una trama política que implicaba a la alcaldesa Onalia Bueno, ha resultado ser un elaborado montaje urdido por el edil de Nueva Canarias, Juan Manuel Gabella, según testimonios y pruebas presentadas en el Juzgado de Instrucción 3 de San Bartolomé de Tirajana.

De acuerdo con la declaración del responsable de la Asociación por la Regeneración Democrática y Acción Social, José Luis Curros, Gabella le habría pagado 500 euros para fundar la asociación y presentar tres denuncias manuscritas sobre la supuesta compra de votos por parte del partido gobernante en ese momento, Ciuca. Sin embargo, Curros reveló que nunca tuvo acceso a la documentación completa, ya que le era entregada en un sobre cerrado, lo que le generaba dudas sobre su veracidad.

El testimonio de Curros también implica a Francisco González, exalcalde del municipio por el Partido Popular, como otro de los instigadores de esta operación. Según el testigo, González lo puso en contacto con Gabella, quien ocupaba el cargo de director Insular de Industria y Comercio en el Cabildo de Gran Canaria en ese momento.

La trama habría tenido como objetivo forzar la salida de Onalia Bueno del Consistorio y "nacionalizar" el caso a través de los medios de comunicación. Según Curros, tanto Gabella como González le instaron a aparecer en los medios para ejercer presión, ya que consideraban que no había pruebas suficientes para presentar ante la Justicia.

La manipulación de los hechos es evidente. Curros afirmó tener correos electrónicos presuntamente enviados por Gabella, en los cuales se le daban instrucciones sobre qué decir en los medios de comunicación, incluso exagerando el número de denuncias presentadas. Todo esto apunta a una clara intención de desprestigiar a la alcaldesa y favorecer políticamente a la pareja de Gabella, Isabel Santiago, así como al propio Francisco González.

Resulta preocupante el nivel de maquinación política y manipulación de la opinión pública que se ha desplegado en este caso. La utilización de asociaciones y denuncias falsas para promover una agenda política personal es un acto que atenta contra la integridad democrática y la confianza de los ciudadanos en sus representantes.

Es destacable que la Justicia haya archivado la investigación al no encontrar evidencias de delitos. Esto debería ser una señal clara de que este montaje no tiene fundamento alguno. Sin embargo, los daños causados a la reputación de la alcaldesa Onalia Bueno y a la imagen del municipio de Mogán son difíciles de reparar.

Es fundamental que se esclarezcan todas las responsabilidades en este caso y que se tomen medidas contundentes contra aquellos que han utilizado artimañas para intentar desestabilizar el gobierno local y manipular la opinión pública. La confianza en nuestras instituciones y en nuestros representantes políticos debe ser restaurada, y el uso de montajes y conspiraciones para lograr fines personales debe ser rechazado enérgicamente.

Esperamos que este caso sirva como ejemplo y recordatorio de la importancia de la ética y la transparencia en la política. Los ciudadanos merecen representantes que trabajen por el bien común y no que utilicen artificios para alcanzar sus objetivos personales. La democracia y la confianza de la ciudadanía dependen de ello.