La Guardia Civil ha investigado en Gran Canaria al administrador y a un técnico de una empresa con sede en la Península y dedicada a trabajos de sanidad ambiental y control de plagas por supuestos delitos de riesgo, salud pública y contra el derecho de los trabajadores, presuntamente cometidos al almacenar en un trastero productos químicos peligrosos como insecticidas, desinfectantes o protectores de madera.
El instituto armado ha informado este miércoles en un comunicado de que estos productos químicos peligrosos se guardaban en Las Palmas de Gran Canaria en un lugar que no reunía las características específicas para su almacenamiento, unos hechos que fueron denunciados en noviembre de 2022.
La Guardia Civil constató que el lugar no poseía características específicas para almacenar los productos biocidas, que el espacio era insuficiente para la variedad y cantidad almacenada, y que no se separaban adecuadamente entre tipos y los envases deteriorados, por lo que procedió a precintar el trastero como medida cautelar.
Tras ello, solicitó informes a la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias y al Servicio de Actividades Clasificadas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que determinaron que dicha empresa no se encontraba inscrita en el Registro Oficial de Establecimiento y Servicio Biocidas de la Comunidad Autónoma de Canarias, siendo este un requisito preceptivo y previo a realizar la actividad.
También se confirmó que el lugar de almacenamiento no cumplía con los requisitos establecidos en la Orden 27 de junio de 2012, por lo que algunos de los productos están sujetos a control de movimientos a través del Libro Oficial de Movimientos Biocidas (LOMB) y el personal aplicador como el responsable técnico debía acreditar que posee la capacitación necesaria.
Dicha actividad clasificada se consideraba de carácter comercial, ya que se realizaba en un trastero que era inviable legalizar como almacén comercial, además de ser incompatibles las condiciones de almacenamiento de productos biocidas, según establece el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Por todos estos hechos, el instituto armado ha investigado a estas dos personas, de 37 y 41 años, entregando las diligencias a un juzgado de guardia de Las Palmas de Gran Canaria.
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