Los dueños de apartamentos turísticos defenderán su derecho a la propiedad "sin ceder ni un palmo"

Los dueños de apartamentos turísticos "no cederán ni un palmo" para defender su derecho a la propiedad privada, y están dispuestos a ir a los tribunales de justicia europeos si no se resuelve el conflicto por la vía del diálogo, según ha confirmado este lunes a TIEMPO DE CANARIAS la presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT), Maribe Doreste. 

Las declaraciones llegan después de que el Gobierno de Canarias sancionara por primera vez a los propietarios de seis apartamentos situados en zonas turísticas por utilizarlos como primera o segunda residencia. Las multas, que se mueven entre los 2.200 y los 9.000 euros, son consecuencia del conflicto que ha provocado la Ley Turística de 2013, que impide a los dueños de esas viviendas darles un uso privado y les obliga a alquilarlas a explotadores turísticos. El único modo de evitar esto –gracias a una modificación que se introdujo más tarde–, es que el dueño pueda demostrar que reside de manera habitual en el inmueble desde antes de 2017.

Para Maribe Doreste, la ley en sí es "el mundo al revés". Por un lado, implica un atropello a la propiedad privada (al obligar al dueño a darle un uso a su vivienda), y por el otro, beneficia "a los empresarios extrahoteleros que vienen sin dinero, con una mano delante y otra detrás, para hacer negocio a costa de la propiedad ajena". En este sentido, cuenta que hace 25 años los explotadores turísticos le ofrecían 125.000 pesetas –unos 750 euros– por el alquiler mensual de su casa, pero ahora pretenden pagarle 300 euros; cuantías que ella y otros afectados pueden demostrar a través de contratos. 

"La normativa acorrala al propietario, que no quiere que su inmueble se quede para uso turístico y perderlo para siempre, quedando al albur del explotador turístico que le toque y de lo que este quiera pagar", denunció Doreste. 

Maribe Doreste denunció que los explotadores turísticos quieren pagar un alquiler mensual por los inmuebles mucho menor que el que abonaban hace 25 años.

La presidenta de PALT subrayó además que la mayoría de afectados llegaron a esos núcleos poblacionales hace muchos años, y cuando compraron las casas, antes del 2013, no se ubicaban en parcelas turísticas, no tenían ninguna limitación de uso y estaban libres de cargas. Algunos las adquirieron como primera o segunda vivienda, otros para alquilarlas por períodos cortos o largos y otros para vivienda vacacional. Ahora, sin embargo, se les obliga a ceder el apartamento al explotador turístico.

"Es absurdo. ¿A quién se le ocurre pensar que voy a usar los ahorros de mi vida y me voy a hipotecar para comprar una vivienda que tengo que darle a un tercero, para que él haga su negocio? Es el mundo al revés", señaló. 

Desde la plataforma tienen claro que agotarán la vía del diálogo para arreglar la situación porque "no queremos judicializar el proceso". Con esa intención, presentaron en el Parlamento de Canarias una iniciativa popular para impulsar una nueva ley que contemple su realidad. La propuesta contó con 22.500 firmas y recibió el respaldo de todos los grupos parlamentarios que coincidieron en que es necesario modificar la norma. El único diputado que habría rechazado la iniciativa es Ricardo Fernández de La Puente, de Ciudadanos. 

Como el Parlamento de Canarias se disolvió el pasado 4 de abril, y no dio tiempo de sacar adelante la iniciativa, el asunto se retomará supuestamente en la próxima legislatura. Aunque Doreste destaca el apoyo de las fuerzas políticas, denuncia la presión que está ejerciendo la Federación de Empresarios Extrahoteleros sobre algunos diputados, con los que han mantenido reuniones en las últimas semanas. "Hay que preguntarle al mundo político cuál es su postura respecto a los vecinos y al derecho de propiedad que tenemos sobre los inmuebles que hemos comprado", expuso la presidenta. 

Las seis multas que el Gobierno de Canarias interpuso recientemente a los propietarios de apartamentos turísticos –las primeras de este tipo– han sorprendido a la plataforma, que lamenta que el Ejecutivo haya emprendido ese camino. Para analizar la situación actual y decidir cómo actuar ante esas multas, la PALT mantuvo un encuentro "exitoso" el pasado sábado al que acudieron más de 400 afectados. Se estima que en las ocho islas habría más de 50.000 propietarios de apartamentos turísticos afectados por esta ley. 

En la entrevista telefónica con TIEMPO DE CANARIAS Doreste desmintió tajantemente que existan conflictos entre visitantes y locales en las zonas turísticas y recalcó que no están en contra de los empresarios del sector "que compran propiedades e invierten", sino de los que vienen sin capital y quieren aprovecharse de los bienes ajenos. "El que quiera algo que lo compre, y si no, que lo alquile, pero a un precio justo", subrayó. 

Si no consiguen sacar adelante una nueva ley y solucionar el conflicto, los afectados están dispuestos a llegar hasta los Tribunales de Justicia en Europa para defender su derecho a la propiedad privada.