El Grupo Municipal PP-AV en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha presentado un recurso de reposición contra el decreto 0860/2023 dictado por la alcaldesa el pasado 8 de marzo, donde se nombra al tribunal calificador de las oposiciones para la provisión de 30 nuevas plazas de Policía Local, ya que asegura que incumple La Ley de Paridad.
Con la presentación de este recurso PP-AV "pretende evitar que el expediente de las oposiciones pueda ser impugnado y anulado porque la composición del jurado calificador no se ajusta a derecho al incumplir la Ley de Paridad, ya que de los ocho miembros designados sólo dos son mujeres", ha asegurado en un comunicado.
El tribunal calificador nombrado por la alcaldesa no se ajusta a derecho, prosiguen, ya que está compuesto en un 75% por hombres y sólo en un 25% por mujeres, "lo que contradice gravemente el art.51.d de la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, y también el Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público".
La composición equilibrada del tribunal por la presencia de mujeres y hombres exige que las personas de cada sexo no superen el 60%, ni sean menos del 40%. Existen sentencias del Tribunal Supremo que confirman que este incumplimiento legal determina la nulidad de todo el proceso selectivo.
Por eso, en el recurso de reposición instado por PP-AV se le solicita a la alcaldesa que suspenda el decreto de nombramiento del tribunal calificador y dicte un nuevo acuerdo que sea respetuoso con la normativa legal que se exige para todos los procedimientos administrativos.
"Sería muy doloroso para los aspirantes que, por un error achacable a la alcaldesa y a la Concejalía de Policía, estas oposiciones fueran finalmente anuladas en los tribunales de justicia una vez realizados los exámenes y las pruebas", advierte el partido de la oposición, que informa que en el recurso también se le comunica a los miembros del tribunal calificador que, "como empleados públicos, están obligados expresamente a respetar y hacer respetar los derechos fundamentales y libertades públicas, y que la irregularidad del incumplimiento de la Ley de Paridad es notoria, por lo que están obligados a denunciarlo y a abstenerse de participar en el proceso calificador en tanto que persista esa infracción legal".
Para que las oposiciones de Policía Local que oferta el Ayuntamiento puedan continuar adelante sin la amenaza de ser impugnadas y denunciadas en los tribunales de justicia, la alcaldesa debe dictar un nuevo decreto que recoja el requisito de la Ley de Paridad. "El trámite es muy sencillo, además de obligado cumplimiento", concluyen.
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